Catamarca Contra los cárteles

Se presentó formalmente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Competencia, cuyos propósitos teóricos son mejorar la competitividad de las empresas, eliminar situaciones de concentración económica y fomentar la transparencia en los mercados. Es una pena que en Catamarca todavía nadie haya intentado promover iniciativa semejante, pese a los indicios de «cartelización” que perjudican a los consumidores. En el comprobado caso local de las componendas entre firmas constructoras para acomodar precios y condiciones a su conveniencia en licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, el «consumidor” dañado es el Estado, que curiosamente nada ha hecho para obtener reparaciones, tal vez porque no cuenta con una ley de Defensa de la Competencia en la que encuadrarse. El proyecto que tratará el Congreso, al que, de ser aprobado, la Legislatura provincial podría eventualmente adherirse, crea una Autoridad Nacional de Competencia, tribunal descentralizado e independiente integrado por cinco miembros, con cinco años de duración en sus cargos. Las investigaciones serían desarrolladas por dos Secretarías de Instrucción. Las sanciones disuasivas podrían ser multimillonarias: el doble del monto obtenido en forma ilícita por la conducta anticompetitiva; el 30% del volumen de negocios del mercado afectado, multiplicado por los años de duración de la acción irregular, o el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico infractor en su último ejercicio; hasta $200 millones de «unidades móviles” (equivalente a $3.000 millones ajustables por el índice de inflación).

Dadas las pruebas que obran en Fiscalía de Estado sobre la «cartelización” operada en una «megalicitación” de viviendas realizada por el IPV en 2012, es de esperar un respaldo enfático de los legisladores nacionales catamarqueños al proyecto. Todos, sin excepción, han de estar ansiosos por proporcionarle al Gobierno provincial herramientas idóneas para preservar la integridad del erario. Como se informó en aquella oportunidad, una lista con la repartija de 39 licitaciones de obras de viviendas que superaban los 200 millones de pesos circuló antes de que se celebrara el acto administrativo. El Ancasti la depositó en sobre cerrado en una escribanía también antes de la apertura de ofertas. Luego de la licitación, se abrió el sobre depositado y se constató que 27 obras habían sido adjudicadas conforme a la lista previa. A esto se sumó, como indicio de un procedimiento amañando, el hecho de que no hubo competencia real, pues solamente se había presentado una oferta por barrio. Ni los organismos de control gubernamentales ni la Justicia se interesaron por indagar en los motivos de tan curiosas circunstancias. Tampoco lo ha hecho hasta ahora Fiscalía de Estado, organismo al que este diario le entregó los elementos que tenía en su poder, incluidas las actas notariales.

El Programa de Clemencia que contempla la ley de Defensa de la Competencia podría ser útil para la demorada investigación local. Se trata de la promocionada creación de la figura del «arrepentido”, para que las empresas que aporten pruebas que contribuyan a sancionar a las cartelizadas puedan beneficiarse con la exención o reducción de sanciones administrativas. Al presentar la iniciativa, los voceros del Gobierno nacional subrayaron que los «programas de clemencia” fueron uno de los instrumentos más efectivos para detectar y sancionar carteles en países como Estados Unidos, Brasil, Chile y México y en la Unión Europea. La intención aparente a nivel nacional es avanzar rápido con la sanción en el Congreso. Ya con la ley específica en la mano, los actores provinciales podrán satisfacer su impulso justiciero, reprimido hasta ahora seguramente debido a una precariedad legal que les acota el margen de acción y les impide desarrollar con eficacia el rol de celosos custodios de la hacienda pública.