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Alertan que corren riesgo de demolición edificios históricos

Así lo indican las ONG que impulsan su protección; la Ciudad busca cambiar las normas urbanísticas.

En la ciudad, según el Ministerio de Desarrollo Urbano, hay 152.000 edificios patrimoniales que tienen diversos grados de protección legal. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de asociaciones civiles, cada dos meses se demuele alguna construcción histórica. Ya en 2010, la World Monuments Fund incluyó a Buenos Aires dentro de un listado de ciudades cuyo patrimonio arquitectónico estaba en riesgo. Para prevenir la demolición de estas obras, el gobierno porteño y los especialistas coinciden en la necesidad de impulsar un nuevo Código de Planeamiento Urbano, que conforme un catálogo definitivo de obras arquitectónicas únicas e irreemplazables.

Hoy el máximo nivel de protección que puede tener un edificio es lo que se conoce como integral. Corresponde a hitos urbanos como el Obelisco o la Catedral, símbolos porteños a los que a nadie se le ocurriría demoler ni transformar. Le sigue el estructural, que determina un grado de conservación intermedio. Con previa autorización, se pueden hacer modificaciones interiores y tareas de mantenimiento. Algunos ejemplos son el Teatro Gran Rex o el Edificio de la Aduana.

Sin embargo, las mayores polémicas entre expertos, funcionarios del gobierno porteño y desarrolladores, se generan alrededor de aquellas obras que tienen protección cautelar, un universo amplio donde se engloba a todas las construcciones anteriores a 1942, algunas sin valor arquitectónico, como galpones o depósitos, y otras que sí lo tienen.

En este último caso, muchas veces se avanza en la construcción de torres vidriadas, sobre o detrás de las obras patrimoniales, adaptando normas para satisfacer necesidades del mercado. Esto sucede, a pesar de que la ley N° 3056 indica que no se deben otorgar autorizaciones o permisos de demolición, reformas y ampliaciones a cualquier construcción, cuyos planos hayan sido registrados antes de 1942, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) haya resuelto que no tenga valor patrimonial. Voceros del Ministerio de Desarrollo Urbano afirmaron que, ante casos polémicos, los miembros del CAAP, conformado por instituciones públicas y privadas vinculadas a la arquitectura y al patrimonio, evalúan si es posible entregar el permiso de obra.

“El problema es que la cautelar congela edificios anteriores a 1942, pero no desagrega aquellos que tienen valor patrimonial de los que no lo poseen», explicó Carlos Blanco de Basta de Demoler. Tanto las organizaciones civiles como el gobierno porteño destacaron la necesidad de contar con un nuevo Código de Planeamiento Urbano. Según la Ciudad, la modificación contemplaría beneficios de conservación para aquellos propietarios de construcciones anteriores a 1942.

Desde el sector inmobiliario son optimistas sobre la posibilidad de llegar a un equilibrio entre la conservación y las necesidades del mercado. Iuri Izrastzoff, de Izrastzoff propiedades, recuerda que en 2010 en la ciudad se demolía un petit hotel por mes, y que recién en los últimos años empezó a generarse conciencia sobre los beneficios de preservar. «El Estado no puede hacerse cargo de toda construcción patrimonial. Ahora estamos en un punto intermedio donde se conservan las fachadas. Hacen falta reglas más claras», agregó.

Fuente: La Nación

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