Una ducha en Constitución

La imagen es elocuente: un joven aprovecha la ducha natural para darse un baño en el medio del recientemente remodelado hall de la estación Constitución. Una postal de la degradación de los transportes públicos en un país capitalista atrasado y dependiente.

El autor de la foto es Juan Pablo Barrientos, fotógrafo de larga trayectoria, quien fue uno de los trabajadores detenidos por la Policía de la Ciudad durante la feroz represión al “cuadernazo” de Madygraf frente al Congreso, el febrero pasado. Sin dudas los buenos reporteros gráficos tienen oficio e intuición para estar en el lugar correcto en el momento indicado, y talento para registrarlo.

Volviendo a la foto, el baño es completo: ducha por arriba, agua por debajo. No sólo el techo deja pasar el agua, sino que ésta se acumula en el flamante piso del gran hall, sin desagüe por donde escurrirse. Las obras de remodelación del bello edificio están recién estrenadas, y no sabemos si tienen garantía.

La historia de la arquitectura dice que la actividad de construir nació de la necesidad humana de procurarse un techo, un refugio contra las inclemencias del tiempo. De esas primeras chozas han pasado al menos diez mil años. En 2019, en la ciudad de Buenos Aires, la empresa concesionaria de las obras de remodelación de la estación Terminal del ex-Ferrocarril Roca parece no haber aprendido de los siglos de perfeccionamiento de la técnica de construir techos que no dejen pasar el agua de lluvia.

El monumental edificio construido en sucesivas etapas entre 1883 y 1925, durante las décadas en que Buenos Aires pretendía ser la moderna capital “europea” de sudamérica, sin dudas es parte del patrimonio cultural de la ciudad y debe ser restaurado y mantenido en las mejores condiciones, sobre todo para que los 500 mil usuarios que lo recorren por día puedan sentirse cómodos, y resulte un lugar de tránsito que haga más agradable el ir y venir en la larga jornada laboral.

La última remodelación había sido realizada en 2005. Doce años de subsidios a las empresas concesionarias, que embolsaron miles de millones de pesos sin invertir nada en mantenimiento, llevaron al colapso de los ferrocarriles cuyo punto culminante fue la tragedia de Once en febrero de 2012. El estado de mantenimiento de las estaciones no fue durante ese tiempo mejor que el de los trenes.

La nueva puesta en valor que los usuarios ya estamos “disfrutando”, requirió una inversión por parte del Ministerio de Transporte de la Nación de 477 millones de pesos y estuvo a cargo de la empresa RIVA S.A., una de las habituales concesionarias de obra pública, tanto durante la actual gestión como en la “década ganada” de los gobiernos kirchneristas.

“Queremos que los usuarios cada vez viajen mejor y elijan el tren. Las reformas que estamos haciendo son para poner en valor el patrimonio histórico y también incorporar comodidad y seguridad, a través de la tecnología, como con el nuevo sistema de monitioreo de cámaras. Todo esto forma parte de nuestro compromiso con la gente para ofrecer un transporte público de calidad.”

Las palabras del ministro Dietrich en ocasión de la presentación de las obras el año pasado, demuestran que los miembros del gabinete están viendo con el mismo visor de realidad virtual que el presidente Macri. Luego de semejante inversión, bastó media hora de fuerte lluvia, el pasado jueves 7 de marzo, para que el servicio de trenes se suspendiera y el pibe de la foto se pudiera dar su ducha en pleno hall.

El disfrute de edificios limpios, cómodos y habitables es un derecho de las y los trabajadores que viven gran parte del día fuera de sus hogares, y dependen del transporte público para movilizarse. Pasan entre dos y cinco horas diarias entre trenes, colectivos, y estaciones. Merecen medios de transporte verdaderamente públicos, modernos y en buen estado de funcionamiento, con tarifas accesibles. Esto evidentemente no resulta posible mientras su funcionamiento o el mantenimiento de formaciones e infraestructura dependan de empresas, en general de amigos de los funcionarios de turno, que buscan obtener ganancias millonarias a costa del Estado.

Los servicios públicos, así como la salud y la educación, no deben dar ganancia. La única manera de sostener servicios y transportes públicos funcionales y eficientes, es mediante la propiedad estatal de los mismos, bajo administración de sus técnicos, trabajadores y comisiones de usuarios.

Así podremos tener un viaje cómodo y barato, que nos permita llegar rápido a nuestras casas a darnos una reparadora ducha.

Fuente: La Izquierda Diario