Los contratos de las hidroeléctricas vencen en el 2023 y ya se plantea que el poder concedente lo tengan las provincias

El legislador y ex secretario de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero (JSRN), afirmó que hay que empezar a debatir con tiempo qué se va a hacer con los contratos de concesión de las represas de la región, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, que vencen en el 2023, “para tomar la mejor decisión”. Indicó que, a su juicio, y de acuerdo a la constitución de 1994 que establece el dominio originario por parte de las provincias de los recursos naturales, al vencerse los contratos el poder concedente debe pasar a las provincias que definirán una nueva licitación, la prórroga o el manejo directo.

Dijo a APP que “son concesiones muy importantes para el sistema de generación eléctrica en la Argentina y hay que ver qué se hace después de 30 años de haber tomado la única decisión –las concesiones se hicieron en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem-; hay que analizarlo con tiempo, sobre todo para hacer las evaluaciones que correspondan, tanto el aspecto físico de las instalaciones como el negocio”.

Informó que “fui invitado a formar parte de la Comisión de Energía de la Legislatura de Neuquén donde se trataba un proyecto de declaración del legislador César Gass, donde también fue invitado el representante del estado nacional en la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro)”, ámbito en el que se empezó a hablar del tema.

Explicó que hasta ahora no ha habido una posición de funcionarios nacionales respecto a qué hacer al término de las concesiones, sí de legisladores de Río Negro y Neuquén, donde se habla en general que se pretende una mayor participación de las provincias y en este marco hay distintas posturas.

Señaló que “el legislador mandato cumplido de Neuquén Alejandro Vidal propone que el Comahue recupere 500 MW de esa generación y otros propician que no se renueven estos contratos y que se reviertan al estado nacional, y es en ese punto donde nosotros diferimos y hacemos ver que a nuestro entender el poder concedente se debe otorgar a las provincias, es decir, cuando venzan en el 2023 las provincias deben tomar el control de los mismos, primero para analizar toda la situación y ver cuál es la mejor decisión, si re-licitarlos, renovarlos o tomar un manejo directo”.

Recordó que la constitución en su artículo 124 establece que son las provincias  las que tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio y aquí estamos hablando de los ríos Limay y Neuquén, “por eso condieramos que debemos ejercer el poder concedente”, mencionando que cuando se dieron las concesiones, en 1993, no regía esta carta magna, que se sancionó en 1994. Expresó el antecedente que el entonces presidente Néstor Kirchner transfirió en el 2006 a las provincias el poder concendente sobre las áreas petroleras, con lo cual decidieron la prórroga o licitación de los contratos que anteriormente hizo Nación. “Esto debería hacerse también para las concesiones hidroléctricas”, aseveró.

Destacó a APP que el poder concedente por parte de las provincias significaría el pago de bonos por la prórroga o por una nueva licitación “o podemos pensar en una operación directa y de esta manera las provincias se quedan con el negocio mensual de vender energía”. “Sería un importante ingreso de dinero, sobre todo si pensamos que tendría un bajo costo de generación, ya que la infraestructura está, y sólo hay que hacerse cargo de la operación y el mantenimiento, no como los hidrocarburos que requieren altas inversiones”, enfatizó.

Dijo que esta última posibilidad por lo tanto “no es descabellado” analizarlo.

Mencionó que hoy las provincias son perjudicadas por las regalías hidroeléctricas, ya que percibe Río Negro de 720 pesos el MW, cuando en el mercado mayorista se vende a 3600 pesos. “Siendo poder concedente eso lo podríamos corregir”, afirmó.

Hay que recordar que sobre los ríos Neuquén y Limay hay seis las centrales hidroeléctricas que cuentan con 4.431 MW de potencia instalada: El Chocón, con 1200 MW de potencia instalada, Arroyito con 120 MW, Alicurá con 1000 MW, Piedra del Águila con 1400 MW, Pichi Picún Luefú con 261 MW y el complejo Cerros Colorados en donde Planicie Banderita tiene una potencia de 450 MW.

En cuanto al eventual manejo por parte de las provincias, Caldiero ha mencionado la factibilidad, por ser un organismo interjurisdiccional e idóneo, que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) puede hacerse cargo del manejo de las hidroeléctricas. “Es una alternativa que se puede analizar, la AIC estuvo siempre en el manejo de las represas, tiene profesionales de envergadura, es interjurisdiccional y tiene capacidad para gerenciarlas”, expresó.

Dio tranquilidad a los trabajadores actuales de las represas que cualquier alternativa que se piense implicará absorber al plantel de recursos humanos existente en las hidroeléctricas.

Fuente: APP Noticias