De los USD 129 millones que debían llegar a Vialidad para reparar rutas, el Gobierno sólo envió 18 millones

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) enfrenta un crítico escenario de desfinanciamiento tras recibir apenas USD 18 millones de los USD 129 millones estipulados por ley para este año. El fondo proviene del impuesto a los combustibles, que por normativa debe destinarse específicamente al mantenimiento y ampliación de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales en Argentina.

El ingeniero civil José Rizzo, funcionario de Vialidad Nacional y miembro del Comité Nacional de Usuarios Viales (Conaduv), confirmó que el monto recibido resulta “insignificante” frente a las necesidades operativas, como la conservación de caminos, la ejecución de obras de ampliación y el operativo invernal en la Patagonia y zonas cordilleranas. Además, alertó que el 65% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo, y que el deterioro avanza debido a la falta de fondos para reparaciones y relevamientos técnicos.

Desde el Conaduv se difundió un informe que detalla que el impuesto a los combustibles recaudó USD 900 millones en lo que va del año. De ese total, el 28% —equivalente a USD 129 millones— debía destinarse a Vialidad, tal como establece el fondo fiduciario vigente. La falta de transferencia no solo paraliza obras esenciales, sino que incrementa los riesgos de siniestralidad vial, en un país que registra anualmente 7.000 muertes y cerca de 100.000 heridos en accidentes de tránsito.

En este contexto, Rizzo también criticó la propuesta de concesionar más kilómetros de rutas a privados, argumentando que este modelo implica costos hasta 30 veces mayores que el mantenimiento estatal mediante contrataciones privadas ya existentes. Además, aclaró que Vialidad Nacional no ejecuta obras de manera directa desde la década del 60, sino que siempre contrata empresas constructoras a través de licitaciones públicas.

Finalmente, el ingeniero advirtió que postergar el mantenimiento de rutas no solo incrementa los costos de reparación de manera exponencial, sino que compromete gravemente la circulación de personas y mercaderías en todo el país. Rizzo cuestionó además el argumento oficial de que los peajes sólo los pagan los usuarios directos, explicando que, en la práctica, el costo se traslada a toda la cadena de producción y consumo.