El Gobierno flexibiliza requisitos para obra pública: buscan más competencia y menos burocracia

El Gobierno nacional oficializó una reforma clave en el sistema de contratación de obra pública, con el objetivo de abrir la competencia a un mayor número de empresas y desmantelar lo que denominó un esquema “cartelizado” vigente durante décadas. La Disposición 24/2025, firmada por la titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Soledad Vallejos Meana, elimina restricciones tradicionales como la exigencia de capacidad de contratación y permite participar a firmas sin antecedentes previos en el país.

La medida, que se inscribe en el proceso de desregulación estatal liderado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de una serie de cambios iniciados en febrero con la eliminación del Registro de Constructores. Con este nuevo esquema, empresas nacionales y extranjeras podrán postularse a licitaciones incluso sin historial en obra pública, presentando garantías patrimoniales como respaldo alternativo.

El nuevo régimen establece que para obras menores a 15.000 módulos no se exigirá calificación técnica excluyente, y se simplifica el proceso de inscripción mediante el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO). Según indicaron desde el Ejecutivo, esta plataforma reemplaza una carga documental considerada excesiva, que históricamente limitaba el ingreso de nuevos competidores.

El ministro Sturzenegger celebró la medida como un punto de inflexión. “Durante 70 años imperó un sistema de reparto cerrado entre un grupo de empresas, protegido por un mecanismo que limitaba artificialmente la capacidad constructiva de cada oferente. Hoy se derriban esas barreras. Ya no se excluye a quienes provienen de la obra privada o del exterior”, señaló en redes sociales.

La decisión también tiene un trasfondo político. El funcionario confirmó que no se renovarán las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases, que vencen dentro de 43 días. “Sabíamos que era un plazo limitado. Todo lo que puede hacerse por decreto será concretado en este período. Es una reforma profunda del Estado”, afirmó.

Entre las medidas que se anunciarán próximamente se incluirá un paquete de nuevos decretos enfocados en la reestructuración, fusión o cierre de organismos descentralizados, en línea con la política de ajuste y reorganización administrativa impulsada por el presidente Javier Milei.

La flexibilización del régimen de contratación apunta a generar mayor competencia, reducir costos y evitar la concentración del mercado. No obstante, sectores vinculados a la obra pública advierten que la eliminación de ciertos filtros técnicos podría elevar el riesgo de adjudicaciones a empresas sin la capacidad real de ejecución, un aspecto que será clave en la implementación de estas reformas.