Licitación caída de la ruta 35

La decisión del Gobierno Nacional de dejar sin efecto la licitación para la repavimentación de la Ruta Nacional 35, en el tramo comprendido entre Winifreda y Eduardo Castex (Km 370,72 al Km 404,48), generó una fuerte preocupación en ambas localidades pampeanas, cuyos representantes advierten por el impacto económico y de seguridad vial que provoca el deterioro de esta vía estratégica.

El proceso licitatorio, iniciado formalmente pero abandonado por más de 15 meses, fue dado de baja por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), lo que significó también la desafectación presupuestaria del proyecto. La cancelación fue publicada el 13 de marzo en el Boletín Oficial, formalizando la clausura definitiva de una obra largamente esperada por la región.

Las autoridades locales advierten que el tramo afectado es clave tanto para el transporte de la producción agroindustrial como para el tránsito turístico. La falta de mantenimiento de la calzada y las banquinas provoca que muchos automovilistas opten por rutas alternativas, reduciendo el flujo vehicular que beneficia a comercios, estaciones de servicio y alojamientos situados sobre la traza.

Desde Eduardo Castex, la intendenta Mónica Curutchet lamentó que, tras años de gestiones municipales y provinciales, la obra continúe sin avances y alertó sobre el riesgo de quedar excluidos de los circuitos económicos y turísticos. A su vez, Adriana García, intendenta de Winifreda, remarcó que el deterioro de la ruta implica también un riesgo creciente de accidentes viales, ante la falta de intervenciones preventivas y de seguridad.

Ambas funcionarias coincidieron en que recurrir a la Justicia, como han hecho otras provincias con rutas nacionales abandonadas, no siempre resulta efectivo ni ágil. En ese sentido, García citó como ejemplo el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre el caudal mínimo del río Atuel. Ambas proponen insistir con mecanismos de diálogo y negociación para lograr una solución concreta.

Un punto de debate adicional gira en torno al uso de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles. Pese a que dicho tributo sigue siendo cobrado a los consumidores, no se observa una correlación con inversiones en mantenimiento vial. Esta situación incrementa el malestar de los gobiernos locales, que ven cómo los recursos no retornan en mejoras concretas para sus comunidades.