Obra pública: el Gobierno elimina el sistema de Capacidad Referencial y abre el juego a nuevos actores

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado anunció una profunda modificación en el régimen de contratación de obra pública a través de la Disposición 24/2025, publicada oficialmente. La medida, que implica la eliminación definitiva del antiguo Registro de Constructores, busca desburocratizar el sistema, ampliar la competencia y permitir la participación de nuevas empresas, incluso sin antecedentes en la construcción pública.

La normativa, impulsada por la Oficina Nacional de Contrataciones y firmada por su titular, Soledad Vallejos Meana, suprime el esquema de calificación previa que durante décadas reguló el acceso a licitaciones. Este sistema, basado en la llamada “capacidad constructiva”, limitaba el volumen de obras que podía asumir cada empresa según su historial, patrimonio y nivel de compromisos vigentes, lo que —según las autoridades— generaba una concentración del mercado y bloqueaba la incorporación de nuevos oferentes.

A partir de ahora, las licitaciones con presupuestos menores a 15.000 módulos no exigirán una calificación excluyente, mientras que en proyectos de mayor envergadura será suficiente presentar una garantía, cuyos requisitos serán definidos caso por caso por la Oficina Nacional de Contrataciones. Esto incluye a empresas locales y extranjeras sin historial en obra pública, que podrán competir bajo condiciones más flexibles y abiertas.

Desde el Gobierno se argumenta que la reforma facilitará los procesos licitatorios, reduciendo trámites que antes requerían cientos de documentos y controles administrativos, muchos de ellos redundantes. La intención es fomentar una mayor concurrencia, agilidad y transparencia, aspectos que han sido reiteradamente señalados como deficitarios por diversos actores del sector.

El ministro Federico Sturzenegger calificó la medida como “histórica” y destacó que se trata del cierre de un ciclo de más de 70 años de funcionamiento “cartelizado” de la obra pública. “El sistema anterior no solo protegía a un club cerrado de empresas, sino que impedía que nuevos actores ingresaran, perpetuando una lógica de reparto perverso. Eso se terminó”, afirmó desde su cuenta oficial en redes sociales.

La medida también responde a la política general de desregulación que encabeza el presidente Javier Milei, en un contexto de fuerte ajuste fiscal que ha paralizado numerosas obras en curso, generando tensiones con provincias y cámaras constructoras.