Desde el Senado exigen reactivar la obra pública con fondos del impuesto a los combustibles

Ante el fuerte retroceso en la inversión en infraestructura vial, senadores de la oposición presentaron un proyecto que propone redirigir parte de la recaudación del Impuesto a los Combustibles hacia el mantenimiento y mejora de las rutas nacionales, actualmente en condiciones críticas. La iniciativa plantea modificar la Ley 23.966 para incrementar la participación de las provincias en la distribución del tributo y garantizar la ejecución de obras fundamentales.

El proyecto fue impulsado por el senador salteño Sergio Leavy, con apoyo de su bloque (Unión por la Patria), y propone traspasar a las provincias el 13,54% del impuesto correspondiente originalmente a Vialidad Nacional, y un 4,31% del fondo destinado a infraestructura hídrica. Según explicaron, el objetivo es dotar de recursos a las jurisdicciones para intervenir en corredores estratégicos cuya conservación ha sido desatendida por Nación.

Durante su intervención en el recinto, Leavy advirtió que “por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas, luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación”, y remarcó que en 2024 solo se transfirió un tercio de los recursos previstos para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. “La plata está, pero no aparece. ¿Dónde están los fondos si no es en las rutas?”, cuestionó.

A nivel legislativo, el Senado no está solo en su reclamo. En la Cámara de Diputados se aprobó en abril un pedido de informes a la Secretaría de Obras Públicas y Vialidad Nacional, con el fin de conocer el esquema de prioridades del Gobierno respecto de la obra pública. Hasta el momento, no hubo respuesta oficial.

El deterioro de rutas como la Ruta Nacional 7 en Mendoza, que lleva al Paso Internacional Los Libertadores, fue citado por varios legisladores, entre ellos Julio Cobos (UCR), quien consideró necesario declarar la emergencia vial para acelerar licitaciones y frenar la creciente accidentología. “No se puede bajar la cortina y dejar de mantener lo ya construido”, expresó.

En línea similar, el diputado Emiliano Estrada destacó que el mantenimiento vial es el componente más urgente de la obra pública, y señaló que su abandono no solo implica riesgo de vida, sino también una amenaza directa al desarrollo productivo del interior del país, donde muchas economías regionales dependen de caminos en condiciones para trasladar su producción.

Según un informe de la Fundación Mediterránea, la inversión pública cayó en todos los niveles del Estado: a nivel nacional pasó del 0,8% del PBI en 2023 al 0,3% en 2024; en las provincias bajó de 1,4% al 0,8%; y en municipios, del 0,3% al 0,2%. Este retroceso coincide con el congelamiento de obras y la centralización de recursos sin ejecución.