Empresas constructoras, en alerta por la apertura del mercado de obra pública a firmas extranjeras

La reciente modificación del régimen de acceso a la obra pública, dispuesta por el Gobierno nacional mediante la Disposición 24/2025, ha generado inquietud entre las empresas constructoras argentinas. La normativa introduce un nuevo sistema de calificación que elimina barreras históricas y permite que compañías extranjeras puedan competir en igualdad de condiciones con las nacionales, incluso sin experiencia previa en el país.

El cambio se inscribe en la política de desregulación impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, que ya había eliminado en febrero el Registro Nacional de Constructores mediante el DNU 105/25. Ambos movimientos apuntan a desarticular lo que el Gobierno califica como un “sistema cartelizado” que limitaba la competencia real en el sector.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), su presidente Gustavo Weiss reconoció que la medida sorprendió en la antesala de la convención anual del sector. Si bien evitó confrontaciones públicas, recordó que la entidad rechazó oportunamente la eliminación del registro, en tanto era una herramienta que brindaba cierto orden al sistema de contrataciones públicas.

La apertura al capital extranjero llega en un contexto delicado para las constructoras nacionales. El sector lleva más de un año y medio de estancamiento, con una pérdida estimada de 100.000 empleos entre mediados de 2023 y principios de 2024. Si bien en el último trimestre el nivel de ocupación se estabilizó, el nivel de obras nuevas sigue siendo bajo.

Según el Estudio de Opinión Construya, el 44% de las empresas consultadas reportó una caída de más del 20% en su actividad en el último año. Las regiones más golpeadas fueron la Patagonia, con una contracción del 62%, y el NOA, con una caída del 54%. Los principales factores señalados como obstáculos por los empresarios fueron:

1. Aumento de costos de construcción (23%)

2. Baja demanda de obras privadas o públicas (15%)

3. Incertidumbre cambiaria (13%)

De cara al segundo semestre de 2025, el 41% de las empresas proyecta un repunte, mientras que el 29% espera mantener su nivel actual y un 11% anticipa nuevas caídas de más del 20%.

El nuevo escenario regulatorio abre interrogantes no solo sobre la capacidad de las empresas argentinas de competir con firmas internacionales con mayor respaldo financiero, sino también sobre la necesidad de revisar los marcos provinciales y municipales, donde aún subsisten más de 2.000 registros y normas locales que dificultan la homogeneidad del sistema.