Mendoza moderniza su registro de contratistas para dinamizar la obra pública: menos trabas, más competencia

El Gobierno de Mendoza oficializó una profunda reforma al sistema de habilitación de empresas constructoras con el objetivo de agilizar los procesos licitatorios, mejorar la competencia y elevar la calidad técnica de las obras públicas provinciales. La medida se instrumenta mediante el Decreto 1258, que actualiza el Reglamento de Ejecución del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP).

Bajo esta nueva normativa, el RACOP funcionará como un registro público de publicidad restringida, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Estará compuesto por una Dirección, una Subdirección, áreas técnicas y administrativas, y un Consejo mixto con representantes del sector público y privado. Entre sus metas prioritarias figuran la simplificación de trámites, la ampliación del número de oferentes en las licitaciones y la optimización del sistema de evaluación técnica y económica de las empresas.

Entre los cambios más relevantes se destacan la eliminación del 37% de la documentación antes requerida para inscribirse, lo que representa una significativa desburocratización del proceso. Además, se suprimen las exigencias vinculadas a capacidades técnicas específicas por especialidad, una barrera histórica que limitaba la participación de nuevas empresas en licitaciones complejas. Esto apunta a generar mayor concurrencia y, en consecuencia, ofertas más competitivas para la ejecución de obras públicas.

El nuevo régimen también establece criterios objetivos de sanción para las empresas que incumplan con las normativas, así como requisitos específicos para firmas extranjeras interesadas en participar de las licitaciones en Mendoza. Se incorporan además empresas proveedoras de materiales y servicios, aunque con un esquema de evaluación diferenciado respecto a las constructoras.

La reforma incluye la implementación de un sistema de especialidades que clasifica a las empresas según el tipo de obra o servicio que prestan, y establece parámetros claros para la evaluación de la Capacidad Económica Financiera de Ejecución Referencial (CE), herramienta clave para determinar la viabilidad técnica de los contratistas.

La entrada en vigencia del nuevo reglamento es inmediata, aunque se prorrogó hasta el 30 de agosto de 2025 la validez de los certificados ya otorgados, otorgando un margen razonable para que las empresas se adapten al nuevo sistema sin interrupciones en su operatividad administrativa.