Nación convoca a audiencias públicas para concesionar 4.000 km de rutas nacionales

El Gobierno nacional lanzó la Etapa III del proceso de privatización de la Red Vial Nacional, convocando a nuevas audiencias públicas con el objetivo de concesionar casi 4.000 kilómetros de rutas. Entre los tramos incluidos se destaca la Ruta Nacional 7, específicamente el trayecto que conecta Desaguadero con el Paso Cristo Redentor, de 329,09 kilómetros.

Estas audiencias forman parte de la reestructuración del sistema de operación y mantenimiento de las rutas actualmente administradas por la empresa estatal Corredores Viales S.A. El Ejecutivo busca reemplazar este esquema con concesiones bajo control de Vialidad Nacional, que asumirá el rol de supervisión técnica y contractual, sin subsidios públicos.

La Resolución 924/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que el proceso persigue mayor competencia, transparencia y eficiencia. Durante las audiencias, los interesados podrán presentar propuestas y opiniones sobre los documentos licitatorios. Aunque no son vinculantes, cualquier observación desestimada deberá ser fundamentada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Las fechas para la participación pública se extenderán del 30 de junio al 7 de julio, con instancias presenciales en Mendoza, Tucumán, Chaco y Entre Ríos. Los interesados podrán inscribirse entre el 8 y el 28 de junio mediante un formulario en la web de Vialidad Nacional.

Las rutas incluidas en esta fase están ubicadas en regiones clave del país: Cuyo, Centro, Litoral y Norte. Abarcan provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Entre los tramos ya discutidos en fases anteriores figuran la Ruta Nacional 174 (puente Rosario–Victoria) y corredores mesopotámicos como las rutas 12, 14, 117 y 135.

El deterioro de las rutas nacionales ha sido motivo de reclamos en los últimos meses, señalándose problemas que generan accidentes, pérdidas económicas y demoras logísticas. Con este nuevo esquema concesionado, el Gobierno espera mejorar el estado de las vías, sin comprometer recursos del Tesoro, e impulsar el desarrollo vial con estándares sostenidos de mantenimiento.