Reforma en la obra pública: el Gobierno impulsa competencia y transparencia para erradicar la cartelización

Con la publicación del Decreto 206/25 y la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones, el Gobierno nacional dio un paso estructural en la reconfiguración del régimen de contrataciones de obra pública, con el objetivo de abrir el mercado a más empresas y desarticular los mecanismos de cartelización que durante años distorsionaron el sistema licitatorio. Estas medidas pretenden fomentar una mayor participación empresarial y evitar la concentración de adjudicaciones en un círculo reducido de actores.

Uno de los cambios centrales es la eliminación del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, un instrumento que limitaba la participación a empresas previamente calificadas, cerrando de hecho el acceso a nuevos jugadores. Con la nueva normativa, las empresas extranjeras ya no estarán obligadas a acreditar experiencia previa en el país, y las firmas sin historial en la obra pública podrán competir presentando garantías patrimoniales, especialmente en proyectos por debajo de ciertos umbrales presupuestarios.

La calificación técnica y financiera de las empresas ahora se basará en dos factores clave:

1. La producción promedio de los últimos cinco ejercicios, ajustada por inflación.

2. Un índice de solvencia económica, calculado en base al último balance presentado.

En paralelo, el Gobierno promueve la publicación gratuita de pliegos licitatorios y la supresión de la obligación de comprarlos para poder participar. Esta medida busca evitar uno de los mecanismos más habituales de formación de cárteles: la identificación de oferentes mediante el registro de adquisición de pliegos.

La reforma tiene un trasfondo histórico: la causa de los cuadernos, impulsada por los escritos del chofer Oscar Centeno, reveló un sistema en el que los retornos de obra pública no solo financiaban estructuras políticas corruptas, sino también mantenían en pie una red de compensaciones entre empresas constructoras que se repartían las adjudicaciones y los sobreprecios, generando una burbuja inflada y anticompetitiva.

Desde el sector privado, la Cámara Argentina de la Construcción ha manifestado preocupación por los cambios, en particular por la desactivación del Registro Nacional y la competencia de empresas sin antecedentes. Sin embargo, desde el oficialismo se sostiene que estas medidas permitirán reducir los costos y evitar el bloqueo sistemático a nuevos actores, especialmente en un contexto en el que la obra pública deberá financiarse cada vez más con capital privado y en esquemas de participación público-privada.

La urgencia de recuperar infraestructura crítica y garantizar inversiones con menor costo para el Estado se vuelve imperativa. Por ello, esta apertura del sistema apunta no solo a incrementar la transparencia, sino también a lograr una asignación más eficiente de los recursos disponibles.