Banco Nación dará intervención a la Oficina Anticorrupción por licitación con empresa de seguridad vinculada a la familia Menem
El Banco Nación decidió dar intervención a la Oficina Anticorrupción (OA) tras la polémica generada por la licitación adjudicada a la empresa Tech Security SRL, vinculada a la familia Menem. El contrato, por casi $4.000 millones, contempla la prestación de servicios de seguridad en diversas dependencias del banco durante dos años, con posibilidad de renovación por doce meses.
La controversia surgió porque Martín Menem, actual titular de la Cámara de Diputados, fundó la firma junto a sus hermanos y fue socio hasta pocos días antes de asumir su cargo público. En diciembre de 2023, Menem transfirió su participación a su hermano Adrián, dejando como socios a este último, a Nicolás Menem y a Pablo Vásquez, quien posee la mayoría accionaria.
Desde el Banco Nación destacaron que Tech Security ya había prestado servicios anteriormente para la entidad, pero con contratos anuales. En este nuevo proceso licitatorio, otras empresas también participaron:
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Tech Security SRL: $3.988.000.000
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Prosegur Argentina S.A.: $4.120.000.000
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Securitas Argentina S.A.: $4.245.000.000
La participación de Tech Security no se limita al ámbito bancario: la firma presta servicios en instituciones deportivas como la AFA, Racing, Rosario Central y River Plate, además de barrios privados y organismos estatales, como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y museos nacionales, con contratos por montos que superan los $37 millones en los últimos años.
El vocero presidencial minimizó la polémica al referirse a una “operación periodística sin relevancia”, mientras que la OA aclaró que no tiene competencia para investigar conflictos de interés de funcionarios legislativos, remitiendo esa evaluación a los poderes correspondientes. El trasfondo institucional, sin embargo, mantiene el foco sobre la transparencia del proceso y las responsabilidades de control.
La situación plantea interrogantes no solo sobre el procedimiento licitatorio en sí, sino también sobre los mecanismos de control en contrataciones estatales, especialmente cuando involucran a empresas con lazos familiares de alto perfil político.
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