De Securitas a Securion: cómo se reconstruyó una empresa tras autodenunciarse por corrupción

a empresa sueca de seguridad Securitas, que empleaba a unas 12.000 personas en Argentina, inició en 2020 un proceso inédito: se autodenunció ante la Justicia por haber pagado sobornos millonarios a funcionarios públicos para obtener contratos. Bajo el marco de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la firma reconoció las irregularidades, colaboró con la investigación judicial y encaró una transformación interna que derivó en un cambio de identidad: hoy opera bajo el nombre Securion.

La autodenuncia fue consecuencia de una investigación interna impulsada desde la casa matriz en Estocolmo, que detectó una estructura organizada de corrupción en la filial argentina. La operatoria incluía defraudación, cohecho, dádivas y administración fraudulenta, especialmente entre 2016 y 2018, alcanzando contratos con organismos como AySA, Renaper, Senasa y Enersa. El golpe económico fue significativo: la empresa debió rectificar balances de seis años atrás y abonar US$13 millones a la AFIP para regularizar su situación fiscal.

El proceso incluyó un acuerdo de colaboración eficaz con la Justicia, mediante el cual Securitas aportó pruebas, reparó daños económicos y diseñó un robusto programa de integridad (compliance). Este mecanismo, previsto en la Ley 27.401, permite atenuar penas si la empresa colabora activamente y demuestra un compromiso genuino por corregir sus prácticas.

La compañía optó por desprenderse de sus operaciones en Argentina mediante un management buy out (compra por parte de la dirección local), encabezado por Alberto Pizzi y el fondo de inversión Mas Equity. Este paso derivó en el nacimiento de Securion, que mantuvo la alianza con Securitas AB como socio certificado, pero bajo una nueva dirección y con un enfoque centrado en la ética corporativa.

Pizzi reconoció que el mayor desafío fue instalar una cultura de compliance real, superando prácticas heredadas de las múltiples adquisiciones locales que Securitas había realizado en el país. Además, destacó el rol de la confidencialidad judicial durante el proceso, un aspecto clave para sostener la continuidad operativa mientras avanzaba la causa. El caso dejó una lección fuerte en el sector empresarial: un programa de integridad no es solo un requisito formal, sino un aliado estratégico para la sostenibilidad a largo plazo.