El Gobierno avanza en la privatización de Corredores Viales: más de 6.000 km de rutas pasarán a manos privadas

En paralelo al cierre de Vialidad Nacional, el Gobierno nacional avanza con el desmantelamiento de Corredores Viales S.A., la empresa pública que administra actualmente cerca de 6.000 kilómetros de rutas y autopistas. El proceso busca adjudicar los tramos mediante concesiones a capitales privados, tras lo cual se prevé dar de baja la empresa, incluyendo su CUIT.

La Red Federal de Concesiones abarca en total 9.342 kilómetros distribuidos en 13 tramos, que concentran el 80% del tránsito vehicular del país. El plan contempla tres etapas: la primera incluye 700 km, entre ellos la llamada Ruta del Mercosur, con licitación prevista para agosto; la segunda suma más de 4.400 km, incluyendo rutas claves como la RN 33 (Santa Fe y Buenos Aires), la RN 35 (Córdoba) y la RN 188 (Buenos Aires y La Pampa); y la tercera comprende 3.900 km, de los cuales unos 2.400 km son gestionados actualmente por Corredores Viales en regiones como Cuyo (RN 7), Centro-Norte (RN 34), y Noroeste (RN 9, 34, 66, entre otras).

El modelo de concesión establece que las empresas adjudicatarias deberán garantizar condiciones mínimas de infraestructura, como bacheo cero, banquinas niveladas, señalización e iluminación, antes de poder aplicar ajustes tarifarios. Según las autoridades, este esquema permitirá generar un ahorro estimado de USD 6.100 millones en gastos del Tesoro Nacional y abrirá las puertas a inversiones privadas millonarias en los próximos años.

Corredores Viales cuenta actualmente con 3.307 empleados y, pese a haber cerrado el primer semestre de 2025 con un superávit financiero de $5.200 millones, forma parte de las empresas sujetas a privatización bajo la Ley Bases. Entre los desafíos técnicos se destacan la necesidad de garantizar la continuidad operativa durante la transición y atender las condiciones de mantenimiento y seguridad en tramos de alta circulación.

Durante las últimas semanas se realizaron audiencias públicas y encuentros con potenciales oferentes, mientras que las adjudicaciones principales se esperan tras las elecciones, buscando capitalizar un contexto macroeconómico más estable. El plan prevé reemplazar progresivamente los contratos de concesión vigentes y consolidar un nuevo esquema de gestión vial, apostando a modelos público-privados bajo parámetros de desempeño y control.