Privatización de 10.000 km de rutas: dudas sobre financiamiento, obras y empleo en el sector vial

El Gobierno nacional lanzó formalmente el proceso de privatización de 10.000 kilómetros de rutas nacionales, un proyecto que busca transferir a empresas privadas la construcción, mantenimiento y explotación de corredores viales mediante el cobro de peajes. Sin embargo, el esquema planteado genera múltiples interrogantes técnicos, financieros y laborales, tanto entre las compañías interesadas como entre los sindicatos del sector.

El proyecto prevé que las mejoras y obras prioritarias —como repavimentación, ampliación de calzadas, construcción de banquinas seguras y nuevas señalizaciones— sean financiadas por las empresas adjudicatarias, que recuperarían la inversión a través de peajes ajustables en el tiempo. La iniciativa no contempla aportes estatales ni cánones iniciales, lo que pone en duda la viabilidad del modelo en un contexto económico de alta incertidumbre, falta de crédito local y antecedentes de incumplimientos tarifarios en contratos públicos.

Entre las empresas que mostraron interés durante las jornadas de “data room” figuran históricos actores de la obra pública:

Cartellone

Chediack

Luis Losi (Entre Ríos)

Panedile

Supercemento

Roggio

Vial Agro

Juan Carlos Relats

Eleprint

Rovial

Obring (Rosario)

Cleanosol

Gran parte de estas compañías estuvieron involucradas en etapas anteriores de concesiones viales, incluidas las privatizaciones de los años 90, los contratos PPP del período 2016-2019 y, en algunos casos, mencionadas en la causa judicial Cuadernos. Hoy, tras la paralización de la obra pública bajo la actual administración, muchas enfrentan serias dificultades financieras y de capital de trabajo, lo que aumenta las dudas sobre su capacidad de asumir obras de gran magnitud sin respaldo estatal.

A nivel institucional, el proyecto avanza en paralelo con la disolución de Vialidad Nacional y la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que absorberá funciones regulatorias, control de contratos, sanciones y atención a usuarios. Mientras, la empresa estatal Corredores Viales, con más de 3.400 empleados, queda en un limbo organizativo, abriendo un foco de conflicto laboral por la continuidad de puestos de trabajo y convenios colectivos, especialmente con sindicatos del sector vial como SUTPA.

La Cámara Argentina de la Construcción expresó su “profunda preocupación” por la desaparición de Vialidad Nacional, destacando su rol histórico en la planificación e implementación de obras federales y advirtiendo sobre el impacto que tendrá la falta de una estructura técnica estatal en la continuidad de proyectos estratégicos y en el mantenimiento de la red vial del país.

El proceso, cargado de incógnitas, enfrenta el desafío de garantizar que las obras previstas se concreten en tiempo y forma, bajo un esquema económico-financiero creíble, evitando repetir experiencias fallidas del pasado y atendiendo el impacto social y laboral en un sector históricamente marcado por la volatilidad política y económica.