Privatización de rutas nacionales: el ambicioso plan del Gobierno enfrenta dudas técnicas, financieras y laborales

El Gobierno nacional avanzó con un paso clave para privatizar 10.000 kilómetros de rutas, habilitando un “data room” para que las empresas interesadas accedan a información técnica y despejen dudas sobre el proyecto. Sin embargo, la iniciativa —que busca transferir corredores viales a manos privadas— enfrenta numerosos interrogantes, principalmente sobre financiamiento, regulación y empleo.

El esquema plantea que las empresas concesionarias realicen las obras de mejora y mantenimiento, recuperando la inversión mediante el cobro de peajes, sin aportes directos del Estado. Este modelo, que ya tuvo antecedentes fallidos en Argentina (como los contratos PPP de la gestión Macri), genera escepticismo en el sector. Las dudas se centran en la capacidad de las empresas para financiar obras de gran magnitud y en la seguridad de que las tarifas de peaje sean actualizadas a tiempo para mantener la ecuación económica.

Entre las firmas que manifestaron interés se destacan:

Cartellone

Chediack

Luis Losi

Panedile

Supercemento

Roggio

Vial Agro

Juan Carlos Relats

Eleprint

Rovial

Obring

Cleanosol

Muchas de ellas estuvieron involucradas en anteriores procesos de concesión y figuran en la causa judicial conocida como “Cuadernos de la corrupción”, lo que agrega un componente sensible al proceso licitatorio.

A nivel institucional, el plan prevé el cierre de Vialidad Nacional, trasladando parte de sus funciones técnicas al Ministerio de Economía y el control de concesiones a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este reordenamiento genera incertidumbre laboral: los 3.403 empleados de Corredores Viales S.A. quedarían fuera del traspaso automático a las concesionarias, lo que anticipa posibles conflictos sindicales, especialmente con gremios como Sutpa, históricamente fuertes en el sector.

La Cámara Argentina de la Construcción expresó su preocupación por el impacto de la medida. En un comunicado, advirtió que la eliminación de Vialidad Nacional debilita la capacidad estatal para planificar, licitar y controlar proyectos viales, poniendo en riesgo obras estratégicas y el mantenimiento de la red federal.

En un contexto de fuerte recesión, caída de la inversión pública y pérdida de capital de trabajo en las empresas constructoras, el ambicioso plan del Gobierno aparece como una apuesta de alto riesgo, con numerosos desafíos técnicos, financieros y sociales por resolver.