Privatización de rutas nacionales: empresas investigadas por corrupción encabezan el interés en obras clave

El Gobierno nacional puso en marcha el “data room”, una plataforma destinada a transparentar información y despejar dudas sobre el ambicioso plan de concesionar 10.000 kilómetros de rutas nacionales. Este esquema apunta a que empresas privadas se encarguen de obras de repavimentación, mantenimiento y posibles transformaciones en autovías, recuperando luego la inversión a través del cobro de peajes.

Entre las rutas mencionadas como prioritarias figuran la nacional 33, la 188 y la número 5, cuyo futuro como autovía aún está en evaluación. Las tareas proyectadas incluyen desde el fresado y reciclado de carpetas asfálticas hasta bacheo profundo, señalización horizontal y vertical, y en algunos tramos la duplicación de calzadas.

Llama la atención que buena parte de las empresas interesadas aparecen mencionadas en la causa judicial conocida como «Cuadernos», vinculada a hechos de corrupción en la obra pública. Según relevó el medio La Nación, durante las jornadas del data room manifestaron interés las siguientes firmas:

Cartellone (Mendoza)

Chediack (Buenos Aires)

Luis Losi (Entre Ríos)

Panedile (Entre Ríos)

Supercemento (Ciudad de Buenos Aires)

Roggio (Córdoba)

Vial Agro (sin dato confirmado de ubicación)

Juan Carlos Relats (sin dato confirmado de ubicación)

Eleprint (Ciudad de Buenos Aires)

Rovial (sin dato confirmado de ubicación)

Obring (Rosario)

Cleanosol (sin dato confirmado de ubicación)

Este escenario plantea interrogantes no solo por el impacto de la judicialización de varias de estas empresas, sino también por la capacidad de ejecutar obras estratégicas en un país que arrastra años de desinversión en infraestructura vial. Según advierten especialistas, el riesgo de discontinuidad por razones judiciales podría comprometer los plazos de ejecución y la calidad de los trabajos.

El proceso de privatización se da en un contexto donde Vialidad Nacional ha perdido protagonismo, lo que suma incertidumbre sobre los mecanismos de control y fiscalización de las obras. El desafío central será garantizar que el repago mediante peajes no derive en costos desmedidos para los usuarios, especialmente en regiones donde las rutas son el único corredor productivo y social disponible.