Proyecto de Ley busca desregular el corretaje inmobiliario y liberar el mercado en Argentina

En el Congreso Nacional ingresó el proyecto de “Ley de Libertad Inmobiliaria”, que propone una reforma profunda al régimen legal del corretaje en operaciones sobre bienes inmuebles. La iniciativa apunta a eliminar regulaciones históricas, desarticulando el esquema de matriculación obligatoria, la intervención de colegios profesionales y los límites territoriales para ejercer la actividad.

El proyecto contempla que cualquier persona física o jurídica pueda operar en todo el país sin necesidad de título universitario ni inscripción en matrícula profesional. Las cámaras o entidades privadas podrán ofrecer registros voluntarios, pero sin efectos jurídicos ni restricciones geográficas, excluyendo al Estado de tareas fiscalizadoras.

Entre los cambios principales se destacan:

Eliminación de la matrícula obligatoria y del requisito de título universitario.

Libre fijación de honorarios y eliminación de aranceles mínimos.

Habilitación nacional para operar sin reinscripción por jurisdicción.

Supresión del poder disciplinario de colegios profesionales; conflictos serán resueltos solo por la justicia ordinaria.

Derogación de normas que impongan requisitos habilitantes, intervención estatal o fijación de tarifas mínimas/máximas.

Según los fundamentos del proyecto, el régimen vigente —basado en las leyes 20.266 y 25.028— construyó un mercado “cerrado, costoso y poco dinámico”, restringiendo el ingreso de nuevos actores, encareciendo las operaciones y frenando la innovación. El texto sostiene que la calidad de los servicios debe regularse por la competencia, la reputación y la satisfacción del cliente, no por exigencias estatales ni corporativas.

El debate anticipa fuertes posiciones enfrentadas: por un lado, sectores que defienden la colegiación como garantía de profesionalismo y control ético; por otro, quienes buscan abrir el mercado bajo principios de libertad contractual y derecho al trabajo, conforme al artículo 14 de la Constitución Nacional.

De aprobarse, la normativa transformaría de raíz el mercado inmobiliario argentino, impactando en comisiones, modelos de negocios, y estructuras corporativas tradicionales, con un alcance nacional e inmediato.