Proyecto para desregular el mercado inmobiliario: polémica por el fin de matrículas y colegios profesionales

El proyecto de “Ley de libertad inmobiliaria” presentado en el Congreso plantea cambios de fondo para el mercado inmobiliario argentino, eliminando la exigencia de título universitario, matrícula profesional y pertenencia a colegios para ejercer como corredor. La iniciativa, impulsada en el marco de las reformas desregulatorias del Gobierno, busca que cualquier persona pueda operar libremente en todo el país, negociar honorarios sin topes y actuar sin control de entidades colegiadas.

Desde lo constructivo e institucional, el proyecto propone suprimir los registros y cámaras actuales, transferir el control del ejercicio profesional al mercado y la justicia ordinaria, y eliminar las potestades disciplinarias de los colegios. Como referencia, menciona modelos internacionales como los de España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, aunque desde el sector destacan que en muchos de esos países existen licencias y sistemas de control (como el MLS en EE.UU.) que garantizan trazabilidad y transparencia.

La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) rechazó firmemente la propuesta. Según su presidenta, Nancy Vieitez, experiencias internacionales demuestran que la desregulación genera malas prácticas, competencia desleal, aumento de fraudes y pérdida de calidad en el servicio. Como alternativa, la entidad propone:

Creación de un Registro Nacional con libre jurisdicción.

Implementación de un MLS (Multiple Listing Service) nacional.

Legalización de agentes inmobiliarios auxiliares bajo supervisión profesional.

Posibilidad de que esos agentes operen como monotributistas, formalizando su actividad.

Desde las inmobiliarias, voces como la de Damián Cafarella advierten que la desregulación abriría la puerta a la mala praxis y dejaría al consumidor sin resguardo, al eliminar los mecanismos que hoy permiten verificar si un corredor está matriculado, formado y con antecedentes limpios. Además, denuncian un trasfondo de lobby por parte de grandes franquicias inmobiliarias para quitar regulaciones que obstaculizan su modelo de negocio.

El debate enfrenta visiones contrapuestas: por un lado, quienes sostienen que la intermediación inmobiliaria debe tratarse como una actividad comercial abierta, y por otro, quienes consideran que vender propiedades implica responsabilidades jurídicas y técnicas que requieren regulación, estándares mínimos y protección al consumidor. En el centro de la discusión, quedan cuestiones sensibles como la seguridad jurídica, la prevención de fraudes y la formalidad laboral de miles de operadores del rubro.