Qué pasó con Vialidad Nacional

A través del decreto 461/2025, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una medida que también alcanza a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. El cambio forma parte de una reestructuración profunda del área de Transporte y se produce en el contexto del vencimiento de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley Bases.

La DNV, históricamente encargada del estudio, diseño, construcción, conservación y mejora del sistema troncal de rutas nacionales, dejará de existir como organismo autónomo. Sus funciones pasarán a depender del Ministerio de Economía, que podrá reasignarlas a otras jurisdicciones. Según el decreto, la decisión responde a la necesidad de simplificar estructuras estatales que resultaban “complejas y poco ágiles”, con elevados costos de operación y bajo rendimiento en la ejecución de obras.

La fiscalización de las concesiones viales, tanto vigentes como futuras, será responsabilidad de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Este organismo surge de la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que también fue eliminada. El nuevo ente mantendrá la condición de regulador autárquico y tendrá por misión supervisar el funcionamiento de los corredores viales concesionados.

En cuanto a la seguridad vial, las competencias de la ANSV serán absorbidas por la Secretaría de Transporte, aunque con un cambio clave en la ejecución de las tareas de fiscalización en ruta: la Gendarmería Nacional será ahora la encargada exclusiva de controlar el tránsito en rutas nacionales, autopistas y demás espacios de dominio público nacional. La fuerza también podrá coordinar operativos con provincias y municipios, mediante convenios específicos.

Uno de los argumentos centrales del decreto apunta a la “ineficiencia de la gestión estatal directa” en el mantenimiento vial, y se plantea como alternativa la posible transferencia de responsabilidades al sector privado. Esto refuerza el camino hacia la concesión de corredores viales como modelo preferente.

Finalmente, el mismo paquete de reformas incluye la creación de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, en reemplazo de la Junta de Seguridad en el Transporte. Este nuevo organismo marca el inicio de una probable reconfiguración del sistema de control y fiscalización del sector aerocomercial.