Obra pública: entre la necesidad de control y el riesgo del parate

La confirmación de irregularidades en la gestión de entes viales nacionales durante años, con hechos que deben ser investigados y judicializados, abrió un debate clave: cómo garantizar transparencia sin caer en el abandono de la obra pública. La cuestión exige un equilibrio que permita corregir prácticas indebidas, pero sin paralizar proyectos esenciales para el desarrollo y la conectividad.

El cambio de enfoque impulsado por el actual gobierno, con una mirada crítica sobre la administración anterior, derivó en un freno a numerosos trabajos y en el ajuste de partidas destinadas al sector. Entre las medidas más controversiales se encuentra la desarticulación de la Dirección Nacional de Vialidad, actualmente bajo análisis judicial por recursos gremiales que cuestionan su constitucionalidad.

Mientras tanto, las consecuencias del parate ya son visibles en rutas y caminos, como en el corredor entre Bariloche y El Bolsón, donde el deterioro avanza sin intervenciones de mantenimiento. Este escenario genera preocupación tanto en el ámbito político como en el empresarial, ante el riesgo de que la infraestructura existente se degrade y los proyectos en marcha queden inconclusos.

El desafío para la política pública es claro: promover mecanismos de control eficientes y transparentes que aseguren el buen uso de los recursos, sin sacrificar la continuidad de obras estratégicas para la producción, el turismo y la calidad de vida de las comunidades.

Un plan de obra pública con estándares claros de licitación, ejecución y rendición de cuentas podría no solo recuperar la confianza ciudadana, sino también garantizar que la inversión en infraestructura siga siendo motor de empleo y desarrollo regional.