Privatizaciones y concesiones: claves para revertir el deterioro de la infraestructura en Argentina

El logro del equilibrio fiscal en los últimos veinte meses permitió encauzar la inflación, pero tuvo como contracara la postergación de la inversión pública en infraestructura. En este marco, el Gobierno nacional sostuvo la premisa de que no habrá obra pública financiada con fondos presupuestarios, trasladando al sector privado la responsabilidad de aportar capitales para nuevas obras. Sin embargo, la concreción de este objetivo aún muestra retrasos.

La dificultad radica en atraer inversiones cuando la percepción del riesgo país continúa elevada. El fracaso en la primera licitación para reconcesionar la Hidrovía Paraná-Paraguay, acompañado de sospechas de direccionamiento, puso en evidencia falencias de planificación y diseño de procesos. Del mismo modo, la postergación en la licitación de los corredores viales profundizó el deterioro de rutas clave, generando reclamos de usuarios y productores.

El esquema que se impulsa parte de dos principios: mínimo uso de recursos fiscales y financiamiento aportado por los usuarios directos a través de tarifas o peajes. Este modelo resulta aplicable a sectores como transmisión y distribución eléctrica, transporte de hidrocarburos, telecomunicaciones, uso del espectro radioeléctrico, caminos, autopistas, aeropuertos, puertos y dragado de vías navegables, además de agua potable y cloacas. No obstante, existen áreas donde la rentabilidad directa no garantiza recuperar la inversión, aunque los beneficios indirectos —ambientales, de conectividad o de integración internacional— justifican esquemas de participación público-privada (PPP).

Para obras de carácter comunitario —defensa, edificios administrativos, calles urbanas, alumbrado, drenaje o seguridad— se plantea la continuidad del financiamiento presupuestario. Incluso en estos casos, la gestión puede ser privada, con antecedentes de concesiones en cárceles donde la retribución se vincula a indicadores de servicio.

La planificación estatal sigue siendo indispensable en sectores donde existen monopolios naturales o donde la infraestructura implica expropiaciones, servidumbres de paso o derechos de terceros. La experiencia de privatizaciones previas muestra que la clave está en licitaciones transparentes, cláusulas de ajuste claras frente a variaciones inflacionarias y seguridad jurídica que garantice continuidad a largo plazo.

El éxito de este proceso dependerá de la capacidad para consolidar un marco de previsibilidad y confianza. La dinámica política también juega un rol determinante: los próximos comicios legislativos influirán en la percepción de estabilidad y en la posibilidad de atraer capitales privados que resultan imprescindibles para recuperar la infraestructura argentina tras dos décadas de deterioro.