Bolardos en CABA: la obra pública que pasó de USD 560 a USD 60 y destapó un negocio millonario

La instalación de bolardos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pensada originalmente como una herramienta de ordenamiento urbano, terminó por convertirse en un caso paradigmático del uso discrecional de fondos públicos. Desde 2017, más de 5.000 unidades fueron colocadas con precios que escalaron en pesos, mientras su costo real en dólares caía abruptamente. Detrás del proyecto, se detecta un esquema sostenido por contrataciones fragmentadas, empresas recurrentes y fuertes vínculos políticos.

La primera licitación para colocación de bolardos se concretó en 2017, con un costo de $8.400 por unidad, equivalentes en ese entonces a USD 560. A lo largo de los años, la ciudad continuó renovando estos elementos viales —en muchos casos reemplazando bolardos aún funcionales— y actualizando precios en pesos, sin control sobre la relación con el valor dólar. Para 2023, el costo individual alcanzaba los $90.000, lo que representaba unos USD 310 al tipo de cambio oficial. Sin embargo, con valores actuales, ese mismo bolardo equivale a apenas USD 60.

La disparidad entre los costos históricos y el valor real revela que la ganancia se ancló siempre en el peso, con la inflación como aliada y escasa supervisión de costos reales. Entre las principales contratistas figuran Vidogar Construcciones SA, Da Fré Obras Civiles, Salvatori, Altote S.A., Dal Construcciones y Cunumi, muchas de ellas recurrentes adjudicatarias de obra pública porteña. En el caso de Altote S.A., su titular figura como aportante de campaña al PRO en 2015, con un aporte registrado de $125.000, antecedente que enciende alertas sobre posibles vínculos entre financiación política y adjudicación de contratos.

El mecanismo de adjudicación también genera sospechas. Se realizaron licitaciones fragmentadas, con volúmenes divididos y plazos breves, lo que favoreció la concentración de contratos en grupos reducidos de empresas. Esto, sumado a reemplazos prematuros y compras reiteradas, configuró una dinámica de gastos sostenidos sin una justificación técnica evidente.

Mientras tanto, la comunicación oficial minimizaba el tema. En julio de 2023, ante las críticas por la pintura multicolor de los bolardos en el Casco Histórico, el entonces jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel justificó el cambio con una frase trivial: “El color es por las vacaciones de invierno”. Sin embargo, evitó responder sobre el fondo del asunto: los millonarios fondos invertidos y el criterio detrás de su ejecución.

La polémica por los bolardos se suma a otros antecedentes de contrataciones controvertidas en la Ciudad, como la compra de barbijos a $3.000 en 2020 y la preadjudicación de contratos de grúas en 2024, también bajo la gestión de Miguel. El caso de los bolardos se transforma así en un símbolo de cómo la obra pública urbana puede desviarse de su objetivo original y convertirse en una plataforma de negocios, donde el espacio público funciona más como pretexto que como prioridad.

Fuente: www.newsdigitales.com