Presupuesto 2026: la obra pública cae al 0,3% del PBI y la construcción profundiza su crisis

Si bien el texto oficial prevé un incremento del 50% nominal en las partidas de capital, la comparación con la evolución del producto revela la magnitud del recorte: el gasto en inversión representará apenas 0,3% del PBI, por debajo del 0,4% de 2024 y muy lejos del 1,3% registrado en 2023, último año de la gestión anterior. Para los analistas de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), esto refleja una caída estructural de la inversión pública en infraestructura.

En valores absolutos, se prevé un total de $3,28 billones para 2026, de los cuales casi la mitad (49,7%) se destinará a transferencias. La inversión real directa aumentará un 26,1% y la financiera un 41%, aunque en términos reales estas subas no alcanzan a recomponer los recortes de años previos. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que en 2024 la obra pública sumó $2,09 billones, lo que implicó una caída real del 75,1% frente a 2023.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) cuestionó la ausencia de un plan de reactivación. “No hay ningún aumento: se mantiene en 0,4% del PBI, igual que este año”, advirtió su presidente Gustavo Weiss. En paralelo, el empleo se sigue resintiendo: según el IERIC, entre diciembre y junio se perdieron 67.934 puestos de trabajo registrados, una baja del 16%. A su vez, la actividad cayó un 20,7% interanual entre noviembre de 2023 y julio de 2024, de acuerdo con el INDEC.

Los indicadores privados tampoco muestran señales de repunte. En agosto, el Índice Construya, que mide la venta de insumos a desarrollos privados, registró una baja del 8,6% mensual desestacionalizado y del 5,5% interanual, reflejando un freno también en proyectos inmobiliarios y de inversión privada.

La crisis de la construcción se suma a la debilidad de otros sectores industriales. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, alertó sobre retrocesos en ramas como textil, calzado, metalmecánica y cemento, afectadas por tasas de interés elevadas y la falta de crédito. Advirtió que el problema excede la coyuntura electoral y reclamó un acuerdo político e institucional entre Gobierno, empresarios y oposición que trace una hoja de ruta para frenar la caída productiva y sostener el empleo.

En el Gran La Plata y otras regiones urbanas con fuerte dependencia del sector, la persistencia de este escenario se traduce en obras paralizadas, despidos y menor actividad en las cadenas de proveedores, confirmando que el ajuste en infraestructura tiene un impacto directo sobre la economía cotidiana de miles de familias.