Avanza la privatización del sector energético: Nucleoeléctrica y cuatro centrales hidroeléctricas en venta

El proceso de privatización del sistema energético nacional dio un paso clave la semana pasada, al consolidarse el avance en la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La operación fue facilitada por el bloque Provincias Unidas, cuyos senadores evitaron dar quórum en un plenario del Senado que buscaba frenar la iniciativa. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional habilitó la venta de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Limay.

Las ausencias de senadores clave vinculados a Provincias Unidas —entre ellos Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), José María Carambia (Santa Cruz) y Eduardo Galaretto (Santa Fe)— impidieron que se emitiera un dictamen contrario a la privatización. Estos legisladores representan provincias cuyos gobernadores integran el mencionado espacio político, lo que revela un respaldo indirecto al plan de enajenación de activos estratégicos del sector energético.

Nucleoeléctrica, que actualmente se mantiene bajo control estatal, registró un superávit de $17.234 millones en el primer trimestre de 2025, con proyecciones de cerrar el año con un resultado positivo de $23.389 millones. A pesar de estas cifras, desde el Ejecutivo se sostiene que el objetivo no es «vender secretos técnicos ni know-how», sino «abrir el capital» a privados. Así lo afirmó Demian Reidel, presidente de la compañía y exjefe del Consejo de Asesores de la Presidencia, durante el foro Energía Summit 2025.

En un encendido discurso, Reidel destacó que la ventaja competitiva del sector radica en el capital humano formado por el Estado, con especial énfasis en el rol del Instituto Balseiro y la empresa INVAP. «Tenemos una patente (ACR-300), tenemos ingenieros, uranio, tecnología y centrales en funcionamiento. El sector nuclear argentino es enorme y ahora lo vamos a aprovechar», declaró, al justificar la decisión de avanzar hacia la participación privada.

Paralelamente, el miércoles de la semana pasada, trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se movilizaron en Zárate para rechazar la privatización del sector. Desde el sindicato Luz y Fuerza alertaron que la medida pone en riesgo 70 años de inversión pública en ciencia y tecnología, y denunciaron presiones para retiros voluntarios de personal técnico especializado.

Por otra parte, la resolución 1569/2025 del Ministerio de Economía —curiosamente firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona— habilitó la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas:

• Alicurá (1.000 MW, generación media anual: 2.360 GWh)

• El Chocón (3.350 GWh)

• Piedra del Águila (5.500 GWh)

• Cerros Colorados

Todas están ubicadas sobre el río Limay, entre Neuquén y Río Negro, y representan activos energéticos de gran valor estratégico para el sistema eléctrico nacional.

Con estas medidas, el gobierno profundiza su política de retiro del Estado de la operación directa de sectores clave, apostando a un modelo de gestión privado con énfasis en eficiencia económica, pero bajo fuertes críticas por la enajenación de activos con alto grado de desarrollo técnico y rentabilidad comprobada.