Buscan frenar la demolición del Puente de Ciudad de la Paz: presentan amparo por su valor patrimonial

Tres organizaciones civiles presentaron una Acción de Amparo Colectivo Ambiental ante la justicia porteña para detener la demolición del Puente Vehicular Ciudad de la Paz, ubicado sobre las vías del Ferrocarril Mitre, en el barrio de Palermo. El recurso apunta a frenar la licitación pública N° 2025-01-0011-00 impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), cuyo objetivo es desarmar la estructura existente para reemplazarla por un nuevo puente para tránsito pesado.

La estructura, construida en 1918 por la Compañía de Tramways Lacroze, tiene más de un siglo de historia y forma parte del catálogo preventivo de inmuebles patrimoniales con Protección Ambiental desde 2017, según la Resolución N°111-SSREGIC-17. Pese a ello, las autoridades impulsan su demolición sin haber completado el procedimiento legal de catalogación definitiva, lo que implicaría una violación normativa. Según la demanda, el Ejecutivo porteño incumplió durante ocho años con su deber de enviar un proyecto de ley a la Legislatura para formalizar dicha catalogación.

El argumento oficial para justificar la obra se centra en supuestos riesgos estructurales y en la necesidad de facilitar el paso de vehículos pesados. Sin embargo, informes técnicos contratados por el propio Gobierno de la Ciudad descartan un colapso inminente y proponen soluciones alternativas. Entre ellas, se destacan refuerzos estructurales que permitirían mantener la circulación de vehículos livianos, ambulancias y autobombas, así como una propuesta de ingeniería que permitiría conservar la estructura original mediante la construcción de puentes internos.

La acción judicial también denuncia una falta de participación ciudadana en el proceso, ya que la Constitución de la Ciudad establece la obligatoriedad de convocar una audiencia pública para debatir proyectos que afecten bienes patrimoniales. Esta omisión, señalan las organizaciones, vulnera el derecho a la democracia ambiental y social, consagrado tanto por la Carta Magna local como por el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566).

Como medida urgente, se solicitó a la justicia que ordene:

1. La suspensión inmediata de cualquier acción de desarme o demolición sobre el puente.

2. La anulación del proceso licitatorio en curso.

3. El cumplimiento del envío del proyecto de catalogación definitiva a la Legislatura.

4. La abstención del CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales) de tratar su descatalogación.

Las organizaciones impulsoras —el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler y La Ciudad Somos Quienes La Habitamos— insisten en que el puente constituye un testimonio histórico irremplazable y que su conservación es técnica y jurídicamente viable. Alertan que, de avanzarse con la demolición, se perdería una pieza urbana con alto valor arquitectónico, simbólico e ingenieril que forma parte del paisaje e identidad de la ciudad.