El Estado financia obras en líneas ferroviarias privatizadas con contratos vencidos
A pesar de tener paralizadas muchas obras ferroviarias en líneas estatales, el Gobierno nacional continúa financiando con fondos públicos nuevas intervenciones en líneas concesionadas al sector privado. La línea Urquiza, operada desde hace más de tres décadas por Metrovías, se suma a la lista de beneficiarias, con dos contrataciones recientes: la reconstrucción integral de la estación General Lemos —ya adjudicada— y la compra de componentes para barreras automáticas.
Estas inversiones se realizan a pesar de que los contratos de concesión de Metrovías en la línea Urquiza y de Ferrovías en la línea Belgrano Norte se encuentran vencidos desde 2017 y 2018 respectivamente. Sin embargo, ambas concesiones fueron nuevamente prorrogadas, esta vez por 60 días, con la posibilidad de extenderse aún más si presentan una “propuesta de adecuación contractual”.
En el caso del Belgrano Norte, la empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó cinco licitaciones públicas que también serán financiadas íntegramente con recursos del Estado. Estas incluyen:
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Señalamiento entre Boulogne y Montes, adjudicada a la empresa Herso.
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Compra de 18 aparatos de vía (ADV) para estaciones como Los Polvorines, Munro, Villa Rosa, entre otras.
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Compra de 23 ADV adicionales para estaciones como Retiro, Saldías y Don Torcuato.
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Instalación de los 18 primeros ADV.
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Renovación de 17 km de vía doble en diversos tramos.
Estas contrataciones se suman a obras ya financiadas previamente por el Estado, como la instalación del sistema de frenado automático ATS y la reconstrucción total de las estaciones de la línea Belgrano Norte.
La estrategia oficial genera cuestionamientos, especialmente en un contexto en el que se ha declarado la “Emergencia Ferroviaria” y se encuentran detenidas obras consideradas prioritarias tanto en líneas de carga como en servicios metropolitanos. Las inversiones se están concentrando casi exclusivamente en líneas concesionadas o en procesos vinculados a su futura privatización.
Además, la continuidad de las concesiones sin requerimientos de inversión privada contrasta con los principios que originalmente justificaron su existencia. La situación actual demuestra que las mejoras en infraestructura siguen dependiendo del aporte estatal, mientras las empresas concesionarias mantienen la operación sin asumir nuevos compromisos de financiamiento.
Este modelo se replica también en el ámbito de los trenes de carga, donde, por ejemplo, la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) consiguió la prórroga de su contrato hasta 2032 sin obligación de realizar obras, las cuales seguirán a cargo del Estado. De replicarse este esquema en el resto del sistema, la futura privatización de Trenes Argentinos Cargas mantendría la misma lógica: operación privada sin inversión privada.
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