Privatización con respaldo estatal: la Ruta del Mercosur tendrá financiamiento público y al menos cuatro ofertas en juego

A pocas horas de la apertura de sobres para la concesión del Corredor Vial del Mercosur, compuesto por las rutas nacionales 12 y 14 y el puente Rosario–Victoria, se confirmó una modificación clave en las condiciones de licitación: el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) aportará financiamiento público para las obras iniciales. Este giro en la política de concesiones permitió reactivar el interés de constructoras que hasta entonces no estaban dispuestas a asumir el riesgo con capital propio.

El crédito estructurado por el BICE, ofrecido bajo un esquema fiduciario de garantía y fondeo, contempla un monto de hasta $56.000 millones, equivalente al 70% de la inversión total establecida en el contrato. Se otorgará en UVA +2% con un plazo de repago de seis años, incluyendo uno de gracia. Esta asistencia técnica y financiera fue decisiva para destrabar un proceso que había quedado en punto muerto por falta de oferentes dispuestos a asumir las condiciones originales, que exigían inversión previa y garantía de cumplimiento a cambio de la explotación por peaje.

Según fuentes del sector, al menos cuatro empresas presentarán ofertas, todas con trayectoria en obra pública vial. Estas firmas no habían manifestado interés mientras el modelo de financiamiento se apoyaba exclusivamente en recursos privados. El ingreso del crédito estatal, sin embargo, reconfiguró el escenario. Las compañías ahora podrán encarar obras de mejora que incluyen repavimentación, señalización y recuperación de tramos críticos en un corredor esencial para el transporte entre Argentina y Brasil.

Las empresas interesadas que se presentarían son:

1. Helport S.A.

2. José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

3. Benito Roggio e Hijos S.A.

4. Constructora Dos Arroyos S.A.

La situación actual del corredor es alarmante: hundimientos, baches profundos y señalización deficiente complican el tránsito, sobre todo en el tramo entre Zárate y Paso de los Libres. La tarifa proyectada para automóviles sería de $4.200 cada 100 km, un valor que muchos consideran insuficiente para financiar la magnitud de obras necesarias, especialmente en un contexto de alta inflación y atraso tarifario.

La medida también genera controversias políticas. La intervención del BICE contradice el discurso oficial de no utilizar fondos públicos en obras viales. A su vez, reabre el debate sobre la transparencia en los procesos de licitación, ya que varias empresas podrían cuestionar la modificación tardía de las condiciones, lo cual podría haber influido en la decisión de participar.

Este nuevo esquema busca corregir una situación heredada del fracaso del contrato anterior con Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión finalizó en marzo. Desde entonces, el Estado, a través de Vialidad Nacional, asumió la administración directa, lo que derivó en conflictos laborales y falta de mantenimiento. Ahora, con esta licitación relanzada bajo nuevas condiciones, se abre una nueva etapa en la gestión de uno de los corredores más transitados del país.