Privatización sin reactivación: el plan para Trenes Argentinos Cargas deja afuera a las economías

La privatización en marcha de Trenes Argentinos Cargas avanza con un esquema que excluye expresamente la reactivación de tramos ferroviarios inactivos. Según documentos oficiales, los futuros concesionarios privados solo estarán obligados a operar en los tramos actualmente activos, quedando la eventual rehabilitación de ramales clausurados supeditada a sus propias evaluaciones comerciales o logísticas. Es decir, sin ninguna obligación contractual por parte del Estado.

La decisión generó un fuerte malestar en varias provincias del interior, que esperaban que la privatización abriera la puerta a la recuperación de trazas claves para la conexión productiva regional. Legisladores de La Rioja, por ejemplo, reclamaron en el Congreso la reactivación del tramo del ramal A del Belgrano entre Serrezuela, La Rioja y Catamarca, pero recibieron como respuesta que su reapertura “requiere inversiones considerables no previstas” y que dependerá del análisis de los futuros operadores privados.

La situación fue abordada en el último informe ante el Congreso, donde diputados advirtieron que el modelo propuesto “solo prioriza los tramos más rentables”, lo que profundizaría la desigualdad territorial y golpearía a las economías regionales, especialmente aquellas con baja densidad de carga pero alto valor estratégico. Otros alertaron que el proceso podría derivar en un desguace similar al de los años 90, donde la falta de inversión privada terminó desmantelando servicios e infraestructura clave.

El proceso de privatización —dividido en tres lotes: infraestructura, talleres y material rodante— prevé además el remate total de vagones y locomotoras, incluso de aquellos equipos cero kilómetro recientemente adquiridos desde China. Si bien el Gobierno anunció que los fondos obtenidos financiarán obras de infraestructura, no existe aún un plan de obras definido ni precisión sobre los destinos de esos recursos.

Este escenario se agrava por el freno de las obras críticas incluidas en el marco de la “Emergencia Ferroviaria”. Según reveló enelSubte, al menos una intervención clave fue cancelada por segunda vez y otras siguen demoradas. Mientras tanto, la desafectación de terrenos ferroviarios avanza, con tierras ferroviarias ya ofrecidas en remates sin que medien planes concretos para su reinserción productiva.

En paralelo, se consolidó una reconfiguración institucional: la gestión del proceso quedó en manos de la Secretaría de Transporte, restando participación directa a la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas (TAC), cuya operatividad ha sido progresivamente desmantelada. En julio, se derogó la resolución 211/21, que otorgaba a TAC el control formal de toda la red de cargas, habilitando nuevas prórrogas para concesionarios privados como NCA, que seguirá operando la línea Mitre hasta 2032, y la inminente reconcesión de la línea Roca hoy bajo gestión de Ferrosur.

Con la empresa estatal reducida a un rol testimonial y sin capacidad de decisión sobre el futuro del sistema, la privatización ferroviaria se orienta hacia un esquema de explotación parcial, donde el interés comercial definirá qué rutas sobrevivirán. Sin una política clara de inversión pública y sin garantías de conectividad para las regiones menos rentables, las posibilidades de integración territorial y desarrollo logístico quedan cada vez más en riesgo.