Argentina proyecta hasta USD 20.000 millones para una red de infraestructura logística federal

En una jornada de trabajo en Chile organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cepal, se analizó la necesidad de una estrategia logística nacional y de una cartera de proyectos ejecutivos capaz de atraer financiamiento de largo plazo. Según el titular del organismo, la Argentina requiere entre 15.000 y 20.000 millones de dólares en infraestructura logística, articulada en un plan integral que ordene obras segmentadas de menor escala dentro de una visión federal.

El CFI desarrolla tres líneas de trabajo: la construcción de una hoja de ruta de largo plazo junto a las provincias (con foco en energía, logística, educación, trabajo e industria cultural), la asistencia en planes estratégicos provinciales con prioridades claras, y la transformación del organismo en un banco de desarrollo, mediante la modernización de su esquema de crédito.

En esta última misión se digitalizaron y simplificaron procesos: el plazo de aprobación de préstamos pasó de siete meses a veinte días y se reorganizaron 22 líneas en cinco líneas principales, concentradas en una única mesa de entrada. Paralelamente se creó un sistema nacional de garantías, con fondos provinciales respaldados jurídicamente y fondeados por el CFI, que permitió securitizar casi el 100% de la cartera y acelerar la ejecución crediticia.

El modelo reemplaza las garantías clásicas por instrumentos financieros propios del CFI, que actúan como puente entre pymes y bancos, reducen el riesgo para las entidades financieras y facilitan el acceso al mercado de capitales. A través de estos fondos se garantizan cheques y pagarés de corto plazo y se respaldan emisiones de obligaciones negociables de empresas medianas.

El organismo destaca que la morosidad se amortigua mediante estos fondos de garantía, que responden ante atrasos sin comprometer el andamiaje financiero. Sin proyectos ejecutivos técnicamente robustos y una agenda logística nacional definida, advierten, los recursos de banca de desarrollo y de organismos multilaterales no se canalizarán hacia la infraestructura que el país necesita para bajar costos y mejorar competitividad territorial.