Avanza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina: se licita el 44% del capital accionario

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. A través de la Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía dispuso la venta del 44% del paquete accionario, mientras que el Estado conservará el control con el 51% restante.

La decisión se enmarca en la Ley Bases N.º 27.742, que incluyó a NA-SA entre las empresas habilitadas para incorporar capital privado. La subasta del paquete accionario se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional a través de la plataforma estatal Contrat.ar, lo que permitirá la participación de grandes inversores, tanto locales como extranjeros.

Además de la venta mayoritaria, se implementará un Programa de Propiedad Participada que destinará el 5% de las acciones a trabajadores de la empresa y pequeños inversores. Esta iniciativa busca fomentar la participación social y ofrecer oportunidades de inversión más amplias, especialmente para quienes ya forman parte del funcionamiento operativo de la compañía.

El Estado nacional mantendrá la mayoría accionaria a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. La normativa vigente establece salvaguardas que exigen el voto afirmativo del Estado para decisiones estratégicas, como la ampliación de capacidad instalada, la construcción de nuevas centrales o el cierre de reactores sin justificación técnica.

El Ministerio de Economía cuenta con un plazo de 12 meses para concretar el proceso, que será coordinado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Como parte de los preparativos, se realizará un inventario integral de activos y se encargó a un banco público la tasación del valor accionario. El Tribunal de Tasaciones de la Nación, por su parte, intervendrá únicamente para valuar activos físicos, dado que no cuenta con metodología para evaluar activos financieros o intangibles.

Este avance en la privatización de NA-SA representa un punto clave en la reestructuración del sector energético nacional y en la estrategia del Gobierno para incorporar inversión privada en áreas de infraestructura crítica.