El Gobierno acelera el proceso de privatizaciones para mejorar infraestructura y atraer inversiones

Tras el resultado favorable en las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional busca profundizar su agenda de reformas estructurales y avanzar con la privatización de empresas estatales y concesiones clave de infraestructura. El objetivo central es revertir el deterioro operativo, ampliar la capacidad de redes estratégicas y promover inversiones privadas en sectores críticos como el transporte ferroviario, vial y energético.

En la versión aprobada de la Ley Bases, finalmente quedaron habilitadas para su privatización seis empresas estatales: Enarsa, Intercargo, AYSA, Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales S.A., mientras que la Hidrovía ya estaba en proceso de concesión. También se encuentra en marcha la reorganización de organismos del Estado, aunque con limitaciones impuestas por el Congreso para preservar universidades, entes del Poder Judicial y otros organismos descentralizados.

Entre los procesos más avanzados se encuentra la nueva licitación para la operación del ferrocarril Belgrano Cargas, una red clave para el transporte de graneles agrícolas y minerales desde el noroeste argentino hacia los puertos de exportación. La iniciativa contempla el modelo de “Open Access”, que permitiría a operadores privados utilizar la red mediante el pago de peaje, fomentando la competencia y eficiencia logística.

También está en curso la concesión de 5.900 kilómetros de rutas troncales, actualmente bajo administración de Corredores Viales S.A. Las licitaciones se dividirán en diez grupos y serán gestionadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, aplicando el régimen de peaje establecido por la Ley 17.520. Se espera que este esquema atraiga capital privado para la conservación y ampliación de la red vial.

En el ámbito energético, la privatización de Enarsa fue formalizada en abril mediante el decreto 286/2025. Se realizará de forma segmentada, incluyendo activos estratégicos como cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, dos plantas termoeléctricas y el 50% de Citelec S.A., controlante de Transener, operadora de la red nacional de alta tensión.

Por último, la nueva licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná deberá corregir errores del proceso anterior, que fue anulado por falta de competencia. Se evalúa dividir la concesión en tramos según características técnicas y permitir la participación de dragadoras internacionales, aunque con restricciones a empresas estatales extranjeras, especialmente de origen chino. La meta es asegurar una tarifa de peaje competitiva y una mayor transparencia en el proceso.

El Gobierno apuesta a que la combinación de legitimidad política, estabilidad normativa y apertura a capitales privados permita activar un círculo virtuoso de infraestructura, competitividad y crecimiento económico sostenido.