Privatización de AySA: redefinen la gestión del agua y cloacas en el AMBA

El Gobierno avanza en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), concesionaria del servicio de agua potable y desagües cloacales en la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Está previsto realizar en el primer trimestre de 2026 una licitación pública nacional e internacional para transferir a privados el 90% del paquete accionario, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del esquema de propiedad participada.

El proceso se apoya en una mejora reciente de los indicadores económicos de la empresa, que hasta fines de 2023 mostraba fuertes déficits operativos y financieros, asociados a sobredimensionamiento de estructura, descontrol de gastos y congelamiento tarifario. Desde comienzos de 2024 se implementó un Plan de Optimización y Transformación, que incluyó un aumento tarifario del 209% y un esquema de actualización mensual automática. Paralelamente se ajustaron gastos, se revisó la estructura organizativa, se redujo la plantilla a 6200 empleados (20% menos que en 2023) y se reforzaron los sistemas de facturación, cobranzas y regularización de deudas.

Según datos oficiales expresados en pesos de agosto de 2025, AySA registró por primera vez desde 2007 un superávit operativo corriente neto de $109.000 millones, frente a un déficit de $541.000 millones un año antes. El resultado financiero total sigue siendo deficitario, pero con fuerte reducción: $14.000 millones en 2025, contra $784.000 millones en 2023. Esto implicó un alivio para el Tesoro nacional estimado en $805.000 millones acumulados a agosto de 2025.

En lo regulatorio, el decreto 494/25 establece que al menos el 51% de las acciones en manos del Estado deberá adjudicarse a un Operador Estratégico (OE), que asumirá la operación diaria y el control de la sociedad. Se exige al OE solvencia técnica y financiera para sostener la operación, el mantenimiento y la expansión de la red, garantizando equilibrio económico y estándares internacionales de servicio. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas estará a cargo de la venta en mercados del remanente accionario estatal no adjudicado en la licitación.

El esquema de transición se apoya en un Plan de Acción 2024-2026, con inversiones por $753.900 millones, orientadas a mantenimiento ($414.300 millones), mejoras ($266.400 millones) y operaciones ($73.200 millones). El DNU 805/25 actualizó el marco regulatorio de 2007 y definió que el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) administrará el régimen tarifario, con revisiones quinquenales y facultades para asegurar ingresos que cubran costos operativos, impuestos e inversiones. Se habilita el corte de suministro por mora de al menos 60 días para usuarios residenciales y 15 días para no residenciales. La Secretaría de Ambiente controlará el cumplimiento ambiental y la Agencia de Planificación elaborará el Plan Director para la expansión del servicio, clave para atender la demanda de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.