Boleto de compraventa: qué validez legal tiene y qué derechos otorga al comprador

El boleto de compraventa es un instrumento habitual en las operaciones inmobiliarias argentinas, aunque suele generar confusión respecto a su validez legal. A diferencia de la escritura pública, este documento no transfiere el dominio del inmueble, pero sí cumple un rol central en el proceso de adquisición, al establecer derechos y obligaciones entre las partes.

Desde el punto de vista jurídico, el boleto funciona como un contrato preliminar, según lo define el Código Civil y Comercial (CCC). En él se detallan las condiciones esenciales de la compraventa —precio, forma de pago, plazos y descripción del inmueble— y ambas partes se comprometen a concretar la operación mediante escritura pública. No obstante, el artículo 1907 del CCC aclara que para adquirir el dominio de un inmueble se requiere un título válido y modo suficiente, lo que implica necesariamente una escritura autorizada por escribano.

Si bien el boleto no habilita la inscripción de la propiedad en el Registro de la Propiedad Inmueble, sí otorga herramientas legales importantes. Uno de los aspectos clave es su oponibilidad frente a terceros, contemplada en los artículos 1170 y 1171 del CCC. Si el comprador ha tomado posesión del inmueble y actuó de buena fe, puede hacer valer su boleto frente a embargos, concursos o quiebras que afecten al vendedor, preservando su derecho a completar la operación.

En situaciones donde el vendedor incumple con la entrega del inmueble o se niega a escriturar, el comprador puede iniciar acciones judiciales para exigir el otorgamiento de la escritura, siempre que haya cumplido con sus obligaciones. Sin embargo, si el vendedor transfiere el inmueble a un tercero que inscribe su dominio y el comprador por boleto no tomó posesión ni actuó diligentemente, podría quedar en desventaja.

En conclusión, el boleto de compraventa es un documento válido y útil, que consolida un compromiso serio entre comprador y vendedor. Aunque no reemplaza a la escritura pública ni transfiere la propiedad, genera obligaciones exigibles y protege ciertos derechos del comprador. Para asegurar una operación sin conflictos, se recomienda avanzar lo antes posible hacia la escritura definitiva y contar con el asesoramiento de escribanos o abogados especializados en derecho inmobiliario.