Punta Arenas posterga a 2027 la licitación de su nuevo relleno sanitario regional

La construcción del nuevo relleno sanitario para Punta Arenas vuelve a postergarse y la licitación de la obra se proyecta ahora para 2027. El proyecto, que debió iniciar su construcción en enero de 2024 y estar en operación desde hace diez meses, arrastra retrasos por problemas en el diseño, cambios normativos y trabas administrativas.

El gobierno regional informó que el diseño del relleno presenta un 70% de avance y que, pese a las dificultades con la consultora encargada, no se pondrá término anticipado al contrato, para evitar un ciclo adicional de demoras. Desde la autoridad regional se subraya que se trata de una infraestructura “extremadamente compleja”, condicionada por altas exigencias ambientales y modificaciones frecuentes en la regulación.

La falta de esta nueva instalación obliga a extender la vida útil del actual vertedero de la capital regional. La municipalidad de Punta Arenas prepara un plan que contempla cerca de $1.500 millones para maquinaria destinada a compactar y reducir el volumen de residuos, además de $700 millones anuales en áridos para mantener la operación. Este refuerzo busca contener, de manera transitoria, el riesgo de colapso del sitio existente.

El retraso tiene impacto directo en la gestión de residuos urbanos de la comuna y se enmarca en una situación nacional en la que, según las cifras expuestas por el municipio, un 20% de los desechos de Chile termina en vertederos colapsados, proporción que podría duplicarse en cinco años. La autoridad local advierte, además, que el sector de la basura presenta históricamente altos riesgos de corrupción a nivel municipal, lo que obliga a reforzar la transparencia en cada fase del proyecto y en la operación provisoria del vertedero.

De acuerdo con el Servicio de Evaluación Ambiental, el futuro centro de disposición final para las provincias de Magallanes y Cabo de Hornos cuenta con Resolución de Calificación Ambiental aprobada desde el 19 de octubre de 2023. El proyecto contempla una inversión cercana a US$20 millones, una superficie de 154 hectáreas y una vida útil estimada de 41 años, con capacidad para recibir 225 toneladas diarias de residuos, lo que apunta a resolver estructuralmente el déficit de infraestructura sanitaria en la zona.