Argentina avanza en la venta de activos estratégicos del sistema eléctrico y gasífero regulado

El gobierno nacional definió un paquete de privatizaciones de empresas del sector energético regulado a ejecutar en 2026, apoyado en la Ley Bases 27.142. El proceso se centra en la desinversión de activos hoy controlados por el Estado, con impacto directo en transporte eléctrico, distribución de gas, generación térmica y nuclear, además de la operación carbonífera en Santa Cruz.

El caso más avanzado es el de Energía Argentina S.A. (Enarsa), cuyo desguace comienza con la venta de su participación en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A. (Citelec), controlante de Transener, principal transportista de alta tensión del país con 12.400 kilómetros de líneas. La licitación habilita la venta del 50% de Citelec que posee Enarsa (el otro 50% pertenece a Pampa Energía), con recepción de ofertas hasta el 23 de marzo y apertura de sobres ese mismo día. La operación también transfiere el control de Transba, que gestiona 6.228 kilómetros de redes troncales en la provincia de Buenos Aires, y de Transener Internacional Ltda.

En paralelo, Enarsa prevé desprenderse de otros activos de generación: 68,83% de Central Termoeléctrica José de San Martín, 65% de Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, 90% de Enarsa Patagonia, 80% de Vientos de La Patagonia I y 1,07% del Parque Eólico Arauco. La estrategia apunta a reducir la presencia estatal directa en empresas que operan infraestructura eléctrica clave y parques de generación térmica y renovable.

Otro eje central es Metrogas, la mayor distribuidora de gas por redes del país, donde YPF controla el 70% del capital. Tras la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025–2030 y a la espera de extender su licencia hasta 2047, YPF lanzó el proceso formal de venta y contrató al Citi para buscar interesados, con una expectativa de recaudar alrededor de US$ 700 millones por su participación. La operación también busca adecuar la integración del sistema al marco de la Ley del Gas 24.076, que limita el control cruzado entre productoras y distribuidoras en el segmento regulado.

El esquema de privatizaciones incluye además la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse, donde el Estado nacional posee el 79%, la CNEA el 20% y Enarsa el 1%. Un decreto de 2025 habilita la enajenación del 44% de NASA y un 5% para un Programa de Propiedad Participada, aunque ese plan quedó momentáneamente en pausa. Finalmente, el gobierno mantiene en agenda la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), complejo minero-usina de 260 MW en Santa Cruz, cuya situación operativa dificulta por ahora la llegada de inversores.