San Juan debate el control de la línea de 500 kV clave para la minería en Iglesia

La Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo, infraestructura estratégica para el desarrollo minero y eléctrico de la provincia, quedó en el centro de un conflicto de competencias entre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Mediante la Resolución ENRE Nº 079/26, la Nación otorgó a Vicuña Argentina S.A. acceso y prioridad de capacidad de transporte sobre ese corredor, sin intervención previa del regulador sanjuanino.

El proyecto Vicuña, que integra a las minas Josemaría y Filo del Sol en Iglesia, prevé además una ampliación propia: la construcción de una línea de 167 kilómetros entre la Estación Transformadora Rodeo y Chaparro, destinada a abastecer la futura operación de cobre. Sin embargo, el foco de la controversia no es esta nueva traza, sino el uso y la gobernanza de la infraestructura de 500 kV ya instalada y financiada localmente.

El EPRE presentó un pedido formal al ENRE para que el otorgamiento de capacidad de transporte se discuta en audiencia pública en San Juan. El organismo remarcó que la línea de 500 kV fue construida con fondos provinciales y con aportes de los usuarios a través de la tarifa eléctrica, por lo que considera indispensable la intervención provincial y estudios técnicos que aseguren que la integración de grandes consumos mineros no afecte la calidad del servicio ni el crecimiento proyectado del sistema.

Entre los puntos críticos, el EPRE advirtió que las soluciones para proyectos privados no deben traducirse en incrementos en las facturas locales y reclamó acuerdos con la Provincia para resarcir derechos por las ampliaciones ya realizadas. También cuestionó que se otorgue a una empresa privada la capacidad de condicionar futuras incorporaciones al corredor Nueva San Juan–Rodeo, lo que podría afectar nuevas obras públicas o privadas y el abastecimiento de poblaciones del norte sanjuanino.

A las objeciones institucionales se sumaron presentaciones de empresas mineras y particulares, según el medio especializado Minería y Desarrollo. Los cuestionamientos apuntan a que la resolución vulneraría principios de libre acceso y optimización técnico-económica del sistema eléctrico, además de poner en riesgo inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El caso expone la disputa sobre quién define el uso de infraestructura eléctrica financiada por San Juan en un contexto de expansión minera y de necesidad de garantizar capacidad de transporte para nuevos proyectos y para la red provincial.