Caída histórica de la obra pública: ¿cómo repercute en las provincias?

El ajuste fiscal impulsado por el Gobierno Nacional durante 2024 tuvo como uno de sus pilares principales la drástica reducción de la inversión en obra pública. Esta decisión afectó de manera directa a las provincias, donde la caída en la Inversión Real Directa (IRD) fue histórica. Si bien el primer trimestre de 2025 muestra una recuperación parcial, los niveles siguen siendo insuficientes para revertir la baja acumulada.

Durante el año pasado, la obra pública nacional cayó un 69% en términos reales, aunque esta contracción no fue uniforme en todo el país. De las 24 jurisdicciones, 15 sufrieron recortes por encima del promedio nacional. La Pampa fue la más perjudicada, con una caída del 95%, seguida por La Rioja (94%) y San Luis (89%). En contraste, Jujuy fue la única provincia que logró cerrar 2024 con una variación positiva (+27%) respecto al año anterior.

La IRD, entendida como inversión directa del Estado Nacional en infraestructura y bienes de capital, no incluye transferencias a las provincias, sino que se ejecuta de manera centralizada. En este sentido, los recortes no solo representaron una disminución de obras nuevas, sino también una reducción significativa en la mejora y mantenimiento de activos existentes.

En el primer trimestre de 2025 se observa una mejora en la obra pública nacional del 33% en términos reales respecto al mismo período de 2024. Sin embargo, esta recuperación sigue lejos de compensar la caída del año anterior. Además, la distribución de los aumentos fue desigual: solo nueve provincias superaron el promedio de crecimiento del 74%. San Juan (+706%) y Corrientes (+303%) lideran la recuperación, mientras que San Luis (-89%) y Misiones (-76%) continúan en retroceso.

El Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de modificar estructuralmente el esquema de inversión pública, privilegiando la participación del sector privado mediante concesiones y asociaciones público-privadas. Bajo este nuevo enfoque, los recursos nacionales se destinan principalmente a obras puntuales y acciones de mantenimiento, dejando en manos de los privados el impulso de nuevos desarrollos.

Esta transformación plantea interrogantes sobre el futuro del desarrollo infraestructural del país. Si bien algunos proyectos podrían encontrar viabilidad a través de la inversión privada, muchas provincias –especialmente las más alejadas de los grandes centros urbanos– dependen aún de la inversión estatal para sostener y ampliar sus capacidades productivas.