Alerta por el deterioro de la infraestructura: Argentina pierde USD 25 mil millones al año por la paralización de la obra pública

Un reciente informe de la Cámara Argentina de la Construcción (CamArCo) advierte sobre las consecuencias económicas del freno total a la obra pública implementado durante el actual gobierno. Según estimaciones del área de pensamiento estratégico de la entidad, el país pierde anualmente USD 25.000 millones en valor de infraestructura por falta de inversión y mantenimiento. En términos estructurales, el costo acumulado de esta política podría alcanzar los USD 1,4 billones, es decir, dos veces y media el Producto Bruto Interno.

El informe detalla que el parque de infraestructura nacional —rutas, puentes, redes de agua y saneamiento, hospitales y escuelas— se deprecia cada año si no se realiza el mantenimiento necesario. Cuando ni siquiera se cumple con el mínimo requerido, el deterioro se acelera de manera exponencial, con impacto directo no solo en la economía, sino también en la seguridad vial, la salud y la calidad de vida de la población.

Desde CamArCo explican que toda infraestructura tiene una vida útil limitada y un valor de reposición, que debe considerarse incluso si se lleva a cabo un mantenimiento adecuado. En este sentido, el Valor de Reposición del Capital de Infraestructura de uso público en el país se estima en 2,56 veces el PBI, mientras que el Valor Actual —ya depreciado— representa 1,14 veces el mismo indicador. La falta de inversión, por tanto, no representa un ahorro, sino una postergación de costos que aumentarán con el tiempo.

El estudio también remarca que el 52% de los activos de infraestructura pública están hoy gestionados por concesionarios, prestatarios u operadores privados, aunque continúan siendo propiedad del Estado. Esto significa que, si bien su administración está descentralizada, el deterioro sigue afectando a la sociedad en su conjunto, ya que se trata de bienes públicos esenciales para la competitividad y el desarrollo.

El impacto se vuelve especialmente visible en sectores estratégicos. Las rutas de acceso a los puertos del Gran Rosario, vitales para la exportación agroindustrial, muestran un avanzado estado de deterioro. Voces del sector minero también se sumaron a las críticas, señalando que los incentivos fiscales no bastan sin infraestructura vial adecuada.

Desde la entidad que agrupa a las principales constructoras del país insisten: la obra pública no es un gasto, sino una inversión fundamental. La lógica del ajuste fiscal basada en su paralización implica, en realidad, un gigantesco pasivo a futuro.