El Gobierno modificó el régimen de contratación de empresas para obras públicas

El Gobierno nacional oficializó una reforma profunda en el régimen de contratación para obras públicas con el objetivo de ampliar la competencia y eliminar los obstáculos burocráticos que durante décadas regularon el ingreso de empresas al sistema de licitaciones. La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien calificó la resolución como un avance estructural contra la “cartelización” del sector.

La Disposición 24/2025, publicada por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), elimina el antiguo Registro de Constructores y crea el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO). Este nuevo mecanismo moderniza el proceso de inscripción y calificación de empresas interesadas en participar de licitaciones públicas, permitiendo también el ingreso de oferentes sin experiencia previa, quienes podrán competir acreditando patrimonio o presentando garantías.

Uno de los cambios centrales es la eliminación del sistema que evaluaba la “capacidad de contratación”, que imponía límites al volumen de obra adjudicable según antecedentes técnicos y financieros. Este modelo, vigente durante más de 70 años, restringía el acceso a nuevas empresas y favorecía a actores históricos del sector, en lo que Sturzenegger definió como un “club cerrado de contratistas”.

El nuevo esquema permite ahora que tanto empresas nacionales como extranjeras, con o sin experiencia en obra pública, participen en condiciones de igualdad. Se simplifican los trámites administrativos, se reduce la carga documental y se admite la presentación de antecedentes en obras privadas o del exterior. La intención es generar un mercado más dinámico, reducir costos y mejorar la asignación de recursos en futuros proyectos.

En línea con otras medidas del Ejecutivo, la disposición se enmarca en la agenda de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei, que incluye la paralización de la obra pública financiada por el Estado. Según voceros oficiales, la meta no es retomar grandes proyectos estatales, sino optimizar los procesos para el eventual caso de que se habiliten nuevos emprendimientos bajo esquemas de participación público-privada o iniciativas privadas.

Sturzenegger vinculó esta reforma con el llamado “caso de los cuadernos de Centeno”, investigación judicial aún en trámite sobre presuntos pagos de coimas por parte de contratistas durante anteriores gobiernos. “¡Centeno nunca más!”, expresó en su cuenta de X, destacando que el nuevo modelo rompe con el sistema anterior y habilita una competencia más transparente.

La iniciativa complementa el Decreto Delegado 105/25, que había eliminado el Registro de Constructores bajo el argumento de “desmantelar estructuras que perpetuaban privilegios en la contratación pública”. Ambas medidas fueron posibles gracias a las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases, cuya vigencia expira el próximo 8 de julio.