Registro Nacional de Constructores: Eliminado en los papeles, pero aún operativo

La Disposición 24/2025, recientemente publicada, anunció la supuesta eliminación del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Según los comunicados oficiales, esta medida busca abrir el juego a nuevos oferentes y promover una mayor competencia en las contrataciones estatales. Sin embargo, un análisis detallado del articulado revela que el Registro, lejos de haber desaparecido completamente, sigue siendo una herramienta activa dentro del sistema de obra pública.

En los párrafos de la disposición se establece que, para contrataciones cuyo presupuesto oficial no supere los quince mil módulos (M 15.000), las entidades contratantes podrán permitir, si lo consideran conveniente, que los contratistas de obra pública inscriptos en el Registro presenten ofertas. Además, se habilita a incluir esta posibilidad en los Pliegos de Condiciones Particulares cuando se busque ampliar la concurrencia y fomentar la competencia entre oferentes.

Estas menciones explícitas indican que el Registro continúa teniendo validez y funcionalidad dentro de ciertos márgenes. De hecho, se ha verificado que el sistema informático aún permite la carga de trámites relacionados, como la actualización de la capacidad de contratación. Un expediente de este tipo fue ingresado y aceptado recientemente, lo que confirma que la infraestructura administrativa sigue en funcionamiento.

Consultas realizadas a fuentes internas indican que el Registro está actualmente sostenido por personal de planta permanente, mientras que el personal transitorio fue reasignado a otras áreas. Los agentes de planta han sido reubicados en oficinas de compras, desde donde continúan operando y gestionando documentación vinculada al Registro.

Dado este contexto, se recomienda a las empresas con inscripción vigente —o vencida— que procedan a actualizar su capacidad de obra. A pesar del cambio de paradigma planteado por la disposición, la documentación del Registro podría seguir siendo requerida en procesos licitatorios, especialmente en aquellos con presupuestos menores.

La situación es ambigua: el Registro ha sido formalmente discontinuado como estructura centralizada, pero en la práctica sigue activo bajo un esquema más flexible. La eliminación declarada convive con una operatividad residual que, por ahora, mantiene su utilidad en el ecosistema de la obra pública nacional.