El Gobierno disuelve el fideicomiso de obras PPP y redefine el modelo de infraestructura vial en Argentina

Mediante una resolución oficial, el Gobierno Nacional disolvió el Fideicomiso Individual PPP de la Red de Autopistas y Rutas Seguras, cerrando así el último vestigio operativo del modelo de Participación Público-Privada (PPP) implementado durante la gestión de Mauricio Macri. Esta herramienta buscaba combinar financiamiento estatal y privado para el desarrollo de infraestructura vial, a través del cobro de peajes como mecanismo de repago.

El esquema, que en 2018 adjudicó contratos para intervenir más de 4.000 kilómetros de rutas distribuidos en seis corredores viales, fue desactivado durante el primer año de la administración de Alberto Fernández, tras considerar inviable su ejecución. Según auditorías internas, solo se habían iniciado obras en 6 kilómetros, lo que representaba apenas el 0,15% del total comprometido.

La actual gestión, encabezada por Javier Milei, resolvió no retomar ese sistema de financiamiento y apostará por un modelo de concesiones viales: las empresas que resulten adjudicatarias deberán financiar, ejecutar y mantener las obras con sus propios recursos, recuperando la inversión a través de sistemas de peaje.

La resolución también establece que el Ministerio de Economía deberá articular con el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) los pagos pendientes correspondientes a los Títulos de Pago por Inversión (TPI), generados por los contratos PPP cancelados. El monto de deuda reconocida con contratistas por obras no finalizadas asciende a $84.954 millones.

Cambio de paradigma: del financiamiento mixto a la concesión directa

La ley de PPP, aprobada en 2016, representó uno de los pilares de la política de infraestructura del gobierno de Cambiemos, promovida por el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich. La idea era evitar la dependencia exclusiva del Tesoro Nacional y habilitar obras de gran escala con riesgo compartido. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas, la devaluación de 2018 y la crisis de deuda impidieron su implementación plena.

Durante el gobierno del Frente de Todos, varias de las obras adjudicadas fueron relicitadas bajo el esquema tradicional con fondos públicos, como los casos de la autopista Ezeiza–Cañuelas, la Ruta 33 y la Ruta Nacional 3. No obstante, muchas de estas también permanecen actualmente paralizadas o sin avance sustancial.

El nuevo esquema de concesiones y su alcance

El gobierno de La Libertad Avanza presentó un plan de concesiones viales que abarca inicialmente más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, y que incluye corredores estratégicos como la Ruta del Mercosur (RN 12, 14, 135, 117, 174 y A-015). La intención es que las empresas adjudicatarias financien y mantengan las rutas a cambio del cobro de peajes, sin aportes del Estado Nacional.

Desde el sector técnico se advierte que este modelo tiene limitaciones: no todas las rutas son atractivas para el financiamiento privado, ya que la rentabilidad depende del volumen de tránsito. Esto podría dejar fuera del sistema a corredores menos transitados, afectando la equidad territorial del desarrollo vial.

Estado actual de la red vial nacional

Según un informe de Vialidad Nacional, correspondiente al período 2023-2024, la red vial nacional muestra un deterioro significativo:

• 47,5% de los caminos está en estado «bueno» (9.098,8 km),

• 23,5% en estado «regular» (4.507,2 km),

• y un preocupante 29% calificado como «malo» (5.565,3 km).

Las provincias más afectadas por tramos en mal estado son Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires, lo que representa un serio obstáculo para la seguridad vial y la competitividad logística.

Con esta reconfiguración, el Ejecutivo nacional busca redefinir el rol del Estado en la obra pública, trasladando la inversión a manos privadas mediante esquemas de concesión. No obstante, persiste la duda sobre cuántas rutas efectivamente podrán sostenerse con este modelo y qué mecanismos de financiamiento quedarán disponibles para tramos no rentables desde el punto de vista comercial.