El ajuste en obra pública agrava el deterioro vial y pone en jaque la competitividad productiva

a paralización casi total de obras de infraestructura fue una de las herramientas clave del gobierno nacional para alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, el deterioro progresivo de rutas, caminos rurales, vías férreas y puertos empieza a generar severos costos logísticos para el aparato productivo, comprometiendo la competitividad de sectores estratégicos.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la inversión real directa en obra pública cayó un 70,1% durante 2024, con una proyección del gasto para 2025 equivalente al 0,7% del PBI —la mitad de lo invertido en 2023. Esta política se traduce en una red vial nacional donde más de 25.000 kilómetros de los 40.000 existentes se encuentran en estado “malo o regular”, de acuerdo a relevamientos de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.

El impacto se siente de forma directa en las economías regionales. En provincias como Entre Ríos y Córdoba, el estado de rutas y caminos rurales eleva los costos logísticos al punto que, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), dos de cada diez camiones de maíz se utilizan solo para cubrir el costo de los fletes. El transporte de cargas depende en más de un 80% del camión, por lo que la falta de mantenimiento y mejoras estructurales se convierte en un factor crítico para la competitividad.

La situación se agrava con la suspensión de obras de dragado en la Hidrovía Paraguay-Paraná, vital para más del 70% de las exportaciones agroindustriales. El desfase entre la profundidad actual del canal (34 pies) y los requerimientos de buques de gran calado (44 pies) encarece aún más la logística. También se interrumpieron obras clave para el control hídrico, como el dragado del Río Salado en la provincia de Buenos Aires, que es esencial para prevenir inundaciones en una zona agrícola de alto valor productivo.

Mientras el sistema de concesiones viales anunciado por el gobierno nacional permanece estancado —con demoras en la adjudicación de nuevos corredores prevista para abril y junio de 2025—, algunas provincias asumen obras estratégicas con fondos propios. Córdoba lanzó la licitación para duplicar la calzada de la Ruta Nacional 158 en el acceso a Villa María, un tramo que registra hasta 10.000 camiones diarios. Santa Fe, en tanto, busca financiamiento externo por US$ 1.000 millones para ejecutar proyectos de infraestructura.

A futuro, expertos advierten que, sin una reactivación parcial de la obra pública o un modelo concesionado que funcione, el país enfrentará cuellos de botella severos en su infraestructura vial y logística. El crecimiento proyectado del sector agrícola —ante la posible eliminación de retenciones— implicaría 2,8 millones de viajes adicionales por una red de caminos deteriorada, una condición incompatible con los objetivos de expansión exportadora.