Córdoba impulsa una reforma legal para modernizar la gestión de caminos rurales

El Gobierno de Córdoba presentará en los próximos días un proyecto de ley para establecer un nuevo modelo de gestión vial rural en toda la provincia. La iniciativa busca actualizar el sistema vigente para el mantenimiento de caminos rurales no pavimentados, a través de un esquema integral que fortalece la articulación público-privada y amplía la participación de los consorcios camineros.

El proyecto será elevado a la Legislatura y propone financiar las intervenciones mediante el Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), el cual se nutre principalmente del 98% de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural. Además, se incorporarán otros ingresos como aportes de socios, donaciones, subsidios y multas por daños en los caminos, que también se destinarán al mismo fondo.

En paralelo, se anunció una asignación presupuestaria adicional de $9.500 millones para obras viales y $3.000 millones para la compra de maquinaria por parte de los Consorcios Camineros, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial productiva. El nuevo esquema legal integrará formalmente a la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros locales, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único.

Actualmente, se encuentran en marcha 202 obras de mantenimiento y mejora en caminos rurales, con una inversión de $3.801 millones. Para el período 2024-2025 se proyectan al menos 243 intervenciones adicionales, lo que demuestra la continuidad de una política que apunta a sostener la productividad agropecuaria y la conectividad territorial.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Bioagroindustria, que participó en la elaboración del texto junto a representantes del sector agropecuario, consorcios y legisladores de distintas fuerzas políticas. Durante la presentación, se remarcó que el sistema actual requiere una actualización profunda, ya que la última reforma legal en la materia se realizó en los años 90.

La presentación del proyecto se da en un contexto nacional donde el Gobierno central impulsa la eliminación de organismos como Vialidad Nacional. En contraposición, la provincia de Córdoba refuerza el rol de las entidades locales en la gestión vial, apostando a un modelo descentralizado y participativo, centrado en garantizar caminos rurales en condiciones óptimas para la producción y la vida rural.