La autopista inconclusa y un conflicto social que no encuentra salida

La construcción de la autopista Juan Domingo Perón, en el conurbano bonaerense, representa una de las obras viales más extensas e interrumpidas de las últimas décadas. A doce años de su inicio, la traza avanza fragmentada y rodeada de tensiones crecientes entre ocupantes de terrenos, organismos estatales y obradores. La escena se repite: maquinaria pesada trabajando a pocos metros de viviendas habitadas, puentes sin terminar, calzadas interrumpidas y familias que se resisten a abandonar sus casas.

El principal conflicto radica en los terrenos ocupados en la traza de la autopista. Según relatan operarios, hay personas que fueron indemnizadas y desalojadas, pero nuevas familias se instalaron en los mismos lugares con la expectativa de recibir un beneficio similar. “Sale uno y entra otro. Es la historia de nunca acabar”, afirma un trabajador de la obra. Esta situación ha complicado enormemente la continuidad de los trabajos, demorando tramos críticos de conexión y generando sobrecostos por paralización de tareas.

El problema de fondo parece ser la falta de una política de reubicación clara y sostenida. Muchas familias señalan que las propuestas que reciben son inadecuadas o precarias. “Me quieren mandar para la zona de 20 de junio. Me ofrecen una casilla con un pozo para el baño. Yo esto lo levanté con esfuerzo. Si me voy, quiero un lugar digno para mi hijo”, expresó una vecina afectada. Este testimonio refleja una situación compartida por decenas de hogares que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, y que enfrentan la disyuntiva de resistir o aceptar un destino incierto.

Desde el punto de vista técnico, la autopista Juan Domingo Perón fue proyectada como una vía clave para descomprimir el tránsito del conurbano, conectando zonas de alto flujo vehicular y promoviendo el desarrollo logístico e industrial. El trazado incluye puentes, distribuidores y carriles centrales, muchos de los cuales hoy están inconclusos o inutilizables debido a obstáculos sociales o legales. El impacto de esta falta de continuidad se refleja en una obra que, a pesar del tiempo y la inversión, aún no cumple su función esencial.

El proyecto ha atravesado tres gestiones provinciales diferentes y múltiples intendencias, sin lograr una resolución definitiva. El conflicto revela fallas en la articulación entre infraestructura y política habitacional, así como una planificación urbana que no logró anticiparse al fenómeno de ocupación de tierras en zonas estratégicas.

Mientras tanto, la imagen del avance desigual de la obra, con niños jugando entre escombros y máquinas detenidas frente a viviendas precarias, se convierte en un símbolo de una problemática estructural: la dificultad para ejecutar obras públicas de gran escala sin un abordaje social integral.