Crisis en la Provincia de Buenos Aires: proveedores estatales ahogados por demoras y pagos en bonos

Más de cien empresas proveedoras del Estado provincial atraviesan una situación crítica ante la acumulación de deudas impagas por parte de la gestión bonaerense. La administración actual enfrenta crecientes dificultades para afrontar compromisos asumidos en contrataciones públicas, y en muchos casos propone saldar las obligaciones mediante bonos a largo plazo, generando un clima de fuerte malestar y desconfianza en el sector empresarial.

La situación afecta a firmas que participaron en licitaciones para obras públicas, mantenimiento, provisión de insumos, servicios generales y alimentación. A pesar de haber cumplido con lo estipulado en los contratos, muchas de estas compañías siguen sin cobrar. Las demoras, que en algunos casos superan los siete meses, comprometen seriamente la cadena de pagos y la continuidad de los servicios esenciales en hospitales, escuelas, cárceles y comedores.

La falta de previsibilidad en los pagos es una constante. Desde la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), su presidente Guillermo Siro alertó que “la gestión actual selecciona a quién le paga”, lo que da lugar a una situación de inequidad entre proveedores de un mismo rubro o incluso dentro de una misma obra. Esta «quiebra selectiva» ha puesto en jaque a numerosas pymes que ya no logran sostener su capital de trabajo, cubrir salarios ni responder a obligaciones fiscales.

Frente al colapso, el gobierno provincial propuso la emisión de bonos como herramienta de pago. Estos instrumentos, emitidos a dos años con un año de gracia y amortización trimestral, obligan a los proveedores a aceptar títulos con descuento para obtener liquidez inmediata en el sistema financiero. Para muchos, esto implica recibir montos sustancialmente inferiores al valor original facturado, licuando así el costo real de los servicios prestados.

La crisis se ve agravada por un contexto presupuestario crítico: la provincia continúa operando con un presupuesto prorrogado de 2023, sin actualización frente a la inflación acumulada. A esto se suma la demora en la aprobación de una nueva Ley Impositiva, lo que trabó la emisión de boletas y afectó la recaudación. Según CEPBA, gran parte de los recursos que ingresan por coparticipación se destinan directamente al gasto corriente, sin margen para inversión en infraestructura o compras estratégicas.

Casos como el del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) ilustran el impacto humano de esta crisis financiera: trabajadores sin cobrar horas extras desde abril, servicios al borde del colapso y amenazas de retenciones de tareas. En paralelo, proveedores que sostienen áreas sensibles como salud o educación son forzados a convertirse, en los hechos, en financiadores involuntarios del Estado.

En este escenario, el tejido productivo bonaerense comienza a mostrar signos de desgaste profundo. Mientras algunas empresas cercanas al poder político mantienen sus cobros al día, muchas otras enfrentan un futuro incierto, sin certezas sobre cuándo —y cómo— el Estado saldará sus compromisos.