Ruta 3: Vialidad Nacional niega abandono, pero admite paralización de obras como parte de la política oficial

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) rechazó enérgicamente las acusaciones sobre el mal estado de la Ruta Nacional 3, tras la presentación de un recurso de amparo impulsado por la Municipalidad de Azul. En una respuesta formal al Juzgado Federal N.º 2, el organismo negó cualquier abandono o falta de mantenimiento sobre esta importante traza vial, aunque reconoció que el país atraviesa una etapa de transición marcada por la paralización de la obra pública y el inicio de un proceso de concesión.

El escrito, de más de diez páginas y firmado por el apoderado legal de la DNV, niega expresamente doce de los puntos planteados por el municipio. Entre ellos, descarta que la Ruta 3 esté en “estado de deterioro significativo”, que se haya incrementado la siniestralidad vial por falta de conservación, y que no exista un servicio de mantenimiento razonable que garantice una circulación segura. Además, se critica la falta de evidencia técnica y documental por parte del municipio para respaldar sus denuncias.

Pese a su defensa técnica, Vialidad admitió que se encuentra en una etapa de reorganización, en línea con la política del Gobierno Nacional, que desde diciembre de 2023 dispuso la paralización total de las obras públicas. En ese sentido, se recordó que la gestión actual promueve la privatización de la infraestructura vial y que, en el caso del municipio de Azul, esa propuesta recibió más del 57% de apoyo electoral.

La Ruta Nacional 3, que atraviesa el territorio bonaerense de norte a sur, se encuentra entre las trazas cuya ampliación y mantenimiento fueron interrumpidas. Las obras de transformación en autovía, especialmente en los tramos más conflictivos para el tránsito pesado, fueron suspendidas, sin plazos definidos para su reactivación ni para su eventual concesión al sector privado.

Mientras tanto, agrupaciones vecinales como Autovía Ya y Estrellas Amarillas repudiaron la postura de la DNV mediante un comunicado público. Advirtieron que la desinversión en infraestructura pone en riesgo la seguridad vial y exigieron la reactivación inmediata de las obras de mejora, en especial en los tramos con mayor flujo de vehículos pesados y sin banquinas adecuadas.

El próximo paso será la resolución judicial que determine si corresponde obligar al Estado Nacional y a la empresa Corredores Viales S.A. a retomar las tareas de mantenimiento y conservación. La decisión podría sentar un precedente clave en el marco del nuevo esquema de gestión vial propuesto por el gobierno.