Chaco: la Justicia Federal deberá seguir investigando desmontes masivos sobre bosque nativo

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que continúe en el fuero federal la causa conocida como la “mafia del desmonte” en Chaco, al anular decisiones previas de la Justicia de Resistencia que habían frenado la investigación. El expediente se centra en presuntas autorizaciones irregulares de desmontes en áreas de bosque nativo, con uso de maquinarias pesadas y eliminación masiva de flora y fauna, lo que habría transformado sectores de selva chaqueña en zonas degradadas con impacto ecológico regional.

La denuncia fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que vinculó a funcionarios provinciales y a empresarios con posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Según la presentación, se habrían utilizado mecanismos administrativos y normativos flexibles o adulterados para otorgar y prorrogar permisos de desmonte en zonas protegidas, afectando ecosistemas y especies en peligro.

Casación hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la querella, que cuestionaron la declaración de incompetencia del fuero federal por considerarla prematura y sin sustento suficiente en la prueba reunida. Ambos plantearon que los desmontes afectan ecorregiones y recursos forestales compartidos por más de una provincia, lo que justifica la intervención federal de acuerdo con la normativa ambiental y de protección de bosques nativos.

El tribunal destacó que todavía no existe un peritaje técnico definitivo que cuantifique el daño ambiental, pero subrayó que esa falta de datos finales no puede frenar la instrucción penal. Valoró los informes científicos, documentos oficiales y guías de transporte de madera incorporados, que indicarían traslado de recursos forestales entre provincias y destrucción de hábitats, configurando un posible daño interjurisdiccional sobre bienes ambientales comunes.

Además, la pesquisa abarca la presunta malversación de fondos nacionales destinados a la protección de montes nativos y otros delitos conexos, como lavado de activos y tráfico de influencias, aún en etapa preliminar. Casación remarcó que el caso involucra una ecorregión identificada en la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y que el impacto denunciado excede el interés provincial, por lo que revocó las resoluciones anteriores y ordenó que la causa siga su curso en sede federal.